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Verano de 2011. Esa es la fecha marcada en el calendario de la promotora del Atrium Beach de La Vila Joiosa para finalizar la construcción del que será el hotel más alto de Europa. Las obras están paralizadas desde septiembre de 2003. Después del verano y tras cinco años de litigios, sanciones y polémicas, la empresa promotora (Hotel Luna S.A.) reanudará los trabajos.

El vicepresidente de la promotora, Javier García, confía en cumplir los plazos previstos para inaugurar este complejo turístico de cuatro estrellas que dispondrá de 1.500 habitaciones, un auditorio, un centro comercial y una zona de ocio con más de 33 bares, 15 restaurantes temáticos y 20 salas de banquetes. Según las previsiones de la empresa, el Atrium creará un millar de puestos de trabajo directos y otros tantos de forma indirecta.

Las obras se reanudarán después de que la promotora haya concluido ya los trabajos de demolición de los 15.100 metros cuadrados de exceso de volumetría. Del edificio principal se ha derribado el ático y los sótanos, y se ha inutilizado una planta intermedia. Además, la empresa ha eliminado un edificio anexo, donde se estaba construyendo el museo de la cerveza y otras zonas comunes.

Además de la demolición del exceso de obra, el Plan de Reforma Interior (PRIM) acordado con el Ayuntamiento de La Vila Joiosa incluía la cesión de más de 21.000 metros cuadrados de suelo al municipio y la aportación de 1,5 millones de euros para ejecutar obras públicas en La Cala, donde se encuentra ubicado el hotel.

Así, la promotora del complejo Atrium Beach cumple con las exigencias impuestas en 2005 por la Conselleria de Territorio y Vivienda, que ordenó la demolición del exceso de obra construido. No obstante, Hotel Luna S.A. presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana contra la orden del Consell, que todavía no se ha resuelto.

La promotora confía en que el recurso contra el derribo sea aceptado, tal y como ha ocurrido esta misma semana con la multa de 12 millones de euros impuesta por la Generalitat. El TSJ ha dejado sin efecto la sanción económica -la más alta jamás impuesta por una infracción urbanística en la Comunitat- al considerar que fue notificada a la promotora quince días después de que expirara el plazo legal. No obstante, el portavoz del Consell, Vicente Rambla, anunció el viernes que la anulación de la multa será recurrida ante el Tribunal Supremo, ya que el Gobierno valenciano entiende que "las notificaciones se produjeron en tiempo y forma".

La sentencia del TSJ ha provocado una tormenta política en La Vila Joiosa. El cuatripartito que gobierna en el municipio -formado por PSPV, Bloc, EU e Iniciativa Independiente- ha aprobado en Junta de Gobierno iniciar acciones judiciales contra la Generalitat y contra el anterior equipo de Gobierno municipal del PP. Les acusan de "negligencia" por haber permitido la prescripción de la multa.

Entretanto, el PSPV ha aprovechado la sentencia para acusar a los populares de someterse a los intereses urbanísticos, llegando a insinuar que el Consell ha dejado caducar la sanción premeditadamente.