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La desalinizadora del Canal de Alicante II, un clon de la que ya está en funcionamiento desde hace tres años y que permitirá ampliar su capacidad de producción de agua hasta los 64 hectómetros cúbicos anuales, tendrá que esperar al menos hasta el verano para entrar en servicio. La Generalitat ha dado el visto bueno a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), organismo estatal que gestiona la nueva planta, para que empiece a realizar las pruebas necesarias.

Este permiso permitirá poner las instalaciones a punto aunque no cuente todavía con la autorización definitiva. De este modo, estará en condiciones de empezar a producir caudales en cuanto la obtenga.

Lo que la Conselleria de Medio Ambiente todavía no ha concedido es la Autorización Ambiental Integrada (AAI), porque aún no ha superado todos los trámites preceptivos. La solicitud se encuentra desde el pasado 26 de marzo en periodo de exposición pública para que organismos públicos, privados o particulares presenten todas las alegaciones que estimen oportunas.

Una vez superado ese plazo, que es de 30 días y se extenderá por tanto hasta finales de este mes, se ha de proceder a estudiar minuciosamente cada una de las alegaciones. El tiempo de este trámite lo va a determinar en buena medida la cantidad de alegaciones presentadas.

Precisamente este es el argumento que utilizan desde la Confederación Hidrográfica del Segura para cuestionar que desde la Generalitat se vuelva a solicitar la Autorización Ambiental Integrada para una planta que ya la obtuvo en su día. Fuentes del organismo de cuenca consideran que "al tratarse de una ampliación este trámite se podría haber sustituido por otro más ágil para facilitar la entrada en servicio de una instalación que ya cuenta con autorización ambiental".

En cualquier caso, tampoco quieren las mismas fuentes establecer ningún tipo de paralelismo entre la situación concreta de la segunda desalinizadora de Alicante con la que atraviesa la de Torrevieja, donde sí han denunciado hasta la saciedad el "obstruccionismo" del Gobierno valenciano a esas obras.

Para la Confederación del Segura, la postura de la Generalitat resulta aún más difícil de entender si se compara con la actitud que ha mantenido hasta ahora el Ejecutivo de Murcia, que a pesar de ser también del PP y no compartir la política hídrica del Gobierno, "ha colaborado con lealtad a la hora de tramitar todas las desalinizadoras que se han puesto en marcha en el litoral murciano en los últimos años, porque entienden que los recursos hídricos que tanta falta hacen en esta zona está por encima de cualquier discrepancia", agregan.