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Los vecinos de Real de Montroi ya se habían olvidado de los conflictos con los vertederos, con sentencias, manifestaciones y enfrentamientos. Pero ayer, llegó una mala noticia para esta población de la Vall dels Alcalans, que tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Real a indemnizar con 3.291.683,73 euros a la empresa Sociedad Anónima Agricultores de la Vega (SAV) de la ciudad por los gastos que le generó el cierre "forzoso" de un vertedero de residuos sólidos urbanos, al considerar que éste "no estaba agotado" y que la licencia "estaba vigente", según consta en la sentencia.

El magistrado estima así el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación mercantil de Agricultores contra la resolución desestimatoria de la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta el 2 de marzo de 2005 al Ayuntamiento de Real de Montroi.

El Ayuntamiento de Montroi ordenó a esta empresa que cerrara el vertedero que tenía en esta localidad en marzo de 1997, anulando la licencia de la que disponía la empresa. Este hecho causó graves perjuicios a la mercantil, que evaluó económicamente en unos 3.290.000 euros, según consta en la sentencia.

En 1997 gobernaba el municipio Independents per Real y era su alcaldesa Carmen Ocaña, ahora edil del PP.

La empresa alegó que, como consecuencia del cierre "forzoso" del vertedero, se vio obligada a eliminar los residuos en otros vertederos situados a más distancia, y a seguir con el mantenimiento de éste, de manera "no productiva" y con "el consiguiente sobrecoste".

La mercantil aseguró en un escrito que pagó cien millones de pesetas por los costes del aval para la suspensión de la ejecución subsidiaria del vertedero; y 3.291.683,73 por los sobrecostes producidos en la eliminación de residuos por la necesidad de transporte y eliminación a vertederos más lejanos.

El magistrado considera que el vertedero "no está agotado" ni "colmado" y que, por tanto, la vigencia "estaba vigente", y asume que como consecuencia de su cierre, la entidad se vio obligada a pagar en otros vertederos el cano de eliminación, y le acarreó gastos por transporte a otros vertederos más lejanos.

El actual alcalde Alejandro Blasco dijo ayer que desconocía la sentencia y que estudiarán un posible recurso.