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Interrumpir un embarazo no deseado dentro de los supuestos que establece la Ley. Esta es la principal petición a la que la Plataforma Feminista de Alicante quiso unirse ayer con el resto de las asociaciones que presentaron en los juzgados de todo el país autoinculpaciones por haber interrumpido voluntariamente el embarazo y en rechazo a las investigaciones judiciales iniciadas en España por supuestos abortos ilegales.

En el caso de Alicante, un grupo de mujeres de la plataforma acudieron a los Juzgados de Benalúa con 142 autoinculpaciones, 42 de ellas firmadas por hombres. Estos documentos eran de dos tipos: los de las mujeres que habían interrumpido el embarazo y de los hombres que las habían acompañado. Sólo en Madrid ya se presentaron 3.000 documentos firmados más.

Según explicó Elena Esteve, representante de la comisión de la Plataforma Feminista de Alicante, las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo en tres situaciones amparadas por la Ley 9/85. El acto de ayer en los juzgados quiere expresar "el derecho que tienen las mujeres a decidir ser madres o no", indicó Esteve.

Una vez entregados los 142 documentos de Alicante, la plataforma espera "una respuesta temprana de las administraciones públicas sobre el tema", apuntó la representante.

Esteve también se refirió a la "falta de una Ley de Plazos" en la que la mujer decida "ser madre o no dentro de los plazos bioéticos". En España no existe el derecho al aborto, "en cualquier de los tres casos en los que se puede interrumpir el embarazo por Ley, hay que justificar la inocencia de los médicos y las mujeres", añadió.

Las reivindicaciones de la plataforma también defienden a las clínicas en las que se practican los abortos tras lo ocurrido en Madrid y Barcelona. Además, la asociación reivindica que "la sanidad pública desarrolle los servicios necesarios para este tipo de intervenciones".

Tras entregar las autoinculpaciones, la Plataforma Feminista de Alicante mostró su preocupación "para que no ocurra lo mismo que en Madrid". En ese caso, tras presentar los documentos en el juzgado, las mujeres que firmaron fueron citadas a declarar lo que "generó una gran alarma social", según aseguraron las mismas fuentes. Según Esteve, "estas mujeres estaban ejerciendo un derecho avalado por ley dentro de tres supuestos legales".

A la entrega de los documentos en el Juzgado de Benalúa acudieron también la diputada del PSOE en Les Corts Valencianes, Loli Castillo, además de Loles Cardona, concejala del Ayuntamiento de Alicante, así como miembros de CC. OO.