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Las 40.000 sentencias pendientes de ser aplicadas en los juzgados de lo penal de la Comunitat Valenciana son sólo la punta del iceberg del colapso que sufre la justicia valenciana. Las últimas estadísticas publicadas el pasado mes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan la cifra global de casos por resolver en los tribunales de la región: cerca de medio millón de asuntos en trámite sobre los que aún no se ha dictado sentencia o cuya pena aún no se ha ejecutado.

Así, los órganos judiciales de la Comunitat finalizaron 2007 con 187.940 ejecutorias en trámite y 310.665 asuntos sobre los que todavía no existe dictamen judicial, un total de 498.605 expedientes en los que la justicia aún no ha dicho su última palabra.

Una vez más, la región se sitúa a la cabeza de asuntos con resolución pendiente. Los 310.665 casos sobre los que aún no hay sentencia colocan a la Comunitat como la cuarta con más atasco de España, sólo superada por Andalucía, Cataluña y Madrid.

Y no por falta de esfuerzo de los magistrados. Un vocal del CGPJ, Javier Martínez Lázaro, destacó ayer en un comunicado a los juzgados valencianos como órganos en los que, "pese a tener una mayor carga de trabajo, casi todos superan el 150 por ciento de rendimiento".

El desigual trato con el que el Ministerio de Justicia trata a la Comunitat queda patente con las cifras: pese a ser la región con mayor tasa de litigios (algo más de 200 asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes), los valencianos tienen una de las menores proporciones de jueces por ciudadano, la cuarta más baja.

El número de asuntos pendientes engloba todo tipo de materias, incluidas aquellas de contenido más delicado, como los casos de violencia doméstica o relacionados con menores. Algo más de 6.000 expedientes relacionados con los malos tratos están a la espera de recibir sentencia o con la pena por aplicar. Al mismo tiempo, casi 10.000 casos con adolescentes de por medio se encontraban en la misma situación al finalizar 2007, como refleja la estadística del Poder Judicial.

Martínez Lázaro también quiso puntualizar los datos acerca de las sentencias pendientes de ejecutar, "lo que no quiere decir que la sentencia no se esté aplicando, sino que la ejecución se encuentra en trámite". El vocal del CGPJ añadió que pese al elevado número de asuntos atrasados, "en los últimos dos años los jueces han resuelto muchas más ejecutorias de las que han ingresado y han descendido las que están en trámite".

Martínez Lázaro también acusó de bajo rendimiento a algunos magistrados, como al titular de un órgano de ejecutorias de Madrid que llegó a denunciar que trabajaba "sobre un polvorín" por el atasco judicial y que, según el vocal, ha registrado un ínfimo nivel de resolución de asuntos pese a los refuerzos recibidos, por lo que reclama que se le investigue. En declaraciones a Europa Press, el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, reiteró que los juzgados penales de ejecutorias tienen el doble del trabajo considerado óptimo por el CGPJ y que la carga es inasumible. "Un mero retraso podría dar lugar a otro caso como el de Mari Luz, aunque Dios quiera que no", apuntó Viguer.

El decano también coincidió con el Poder Judicial en la necesidad de mantener los apoyos que reciben estos juzgados y en la urgencia de un sistema de alarmas que avisen ante, por ejemplo, la prescripción de una orden de busca y captura.

Idéntica posición mostraron ayer desde el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunitat. La entidad calificó de "inadmisible" que la justicia española no tenga "en pleno siglo XXI una aplicación informática con la que controlar los procesos".

Los funcionarios de justicia, a través de CC. OO., también tildaron las tecnologías empleadas en los órganos judiciales de "propias de un país subdesarrollado". Consideraron un "fracaso" la creación de juzgados especializados en ejecutorias y apostaron por volver al sistema en el que cada tribunal se ocupaba de aplicar sus penas.

Otro sector de la justicia, representado por la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas, el Sindicato de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Fiscales reclamaron la inmediata creación de los Servicios Comunes de Ordenación Procesal y Ejecución y exigieron un "esfuerzo común" al CGPJ, Gobierno y Generalitat, además de apoyar igualmente el sistema de alertas para paliar las "carencias del sistema informático".