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Desmantelamiento y traslado. Son los términos propuestos y aceptados entre el Ayuntamiento de Alicante y las harineras, Bufort y Cloquell de Benalúa en el convenio de urbanización. Para compensar los gastos de ese traslado, el Ayuntamiento compensaba a las dos fábricas de harina con 10.200 metros cuadrados urbanizados, donde estaba previsto levantar entre 100 y 120 viviendas.

Ahora, según denuncia el grupo municipal socialista, ese convenio está en entredicho. El nuevo portavoz municipal, Roque Moreno, que ha comparecído por primera vez como líder del grupo municipal, junto a su compañera de partido Carmen Sánchez Brufal, hace hincapié en la necesidad de cumplir los acuerdos establecidos hace ahora cinco años, en diciembre de 2002.

Ahora, que las harineras han el solicitado al Ayuntamiento de Alicante el inicio del expediente de programación de la unidad de actuación número 2 del Plan Parcial 1/2 Benalúa Sur para urbanizar la zona del suelo donde se encuentran ubicadas, lo que obliga a abandonar el emplazamiento actual y cesar la actividad, ha dejado en una situación más que delicada a sus trabajadores.

Los socialistas señalan que son 80 trabajadores, las plantillas completas de los dos centros de trabajo, los que ven ahora peligrar sus puestos de trabajo que supuestamente estaban más que seguros. Según reconoce la socialista Carmen Sánchez Brufal, el comité de empresa de ambas empresas se ha dirigido en varias ocasiones a la dirección para conocer los planes de futuro. Sin embargo la empresa, siempre según fuentes socialistas, no ha aclarado nada a sus trabajadores.

Existe así la preocupación de que las industrias harineras Bufort y Cloquell opten finalmente por desmantelar sus fábricas cesando su actividad y no reanudándola en ningún otro sitio.

En previsión de esta posible situación y con el objetivo de garantizar los 80 puestos de trabajo, Moreno recuerda que el compromiso adquirido con el Ayuntamiento siempre fue de traslado, no de cierre con la consiguiente pérdida de empleo. Por este motivo ha anunciado que en caso de que no se respeten los términos del acuerdo firmado en diciembre de 2002 el grupo municipal socialista reclamará que se revise el convenio y se reduzca la compensación de la cesión de 10.200 metros urbanizables.

El problema radica en que el paso del tiempo y la legalidad actual ha reducido "la ganancia" establecida para las dos empresas, propietarias del suelo en el que ejercen su actividad desde hace muchas décadas, frente a la carretera de Elche, e integrada dentro de la urbanización del sector de Benalúa Sur, cuyas obras ya han empezado.

Esta compensación fue cuantificada en 2002. Entonces se estimó que la cesión de suelo, los 10.200 metros cuadrados urbanizables, podrían albergar entre 100 y 120 viviendas de renta libre, a un valor medio determinado por el precio de mercado de entonces. Sin embargo, ahora en ese suelo, sólo se puede construir viviendas de protección oficial, lo que reduce sensiblemente los beneficios que las mercantiles Bufort y Cloquell preveían recibir y que quizá condicione ahora su reapertura en otro emplazamiento.

"El convenio no dice nada de viviendas renta libre -matiza Roque Moreno- y la ley prevé ahora VPO. En todo caso -añade- el negocio está asegurado". Los socialistas advirtieron que si se pierde un solo puesto de trabajo habrá que renegociar la compensación, aunque el convenio recoge literalmente el "desmantelamiento" de las empresas, no el traslado, lo que podría favorecer a las mercantiles en contra de los intereses de sus trabajadores.

Ahora es el turno del Ayuntamiento, que, tras la petición de las dos empresas que se inicie el expediente, dispone de tres meses para redactar unas bases y sacar a concurso la urbanización del sector e incluir las condiciones que estime convenientes.