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Los trámites para la aplicación de la Ley de Dependencia están empezando a desatar un importante volumen de quejas en la Comunitat Valenciana. La oficina del Síndic de Greuges recibe una media de siete reclamaciones diarias.

Según fuentes de esta institución, la mayor parte de las protestas trasladadas a la actual defensora del pueblo valenciano en funciones, Emilia Caballero, se deben a "retrasos" en los procesos de valoración. Se trata de los trámites para conocer el grado de dependencia de las personas que actualmente podrían beneficiarse de esta normativa: discapacitados y personas mayores con graves problemas de movilidad.

Obtener el grado de valoración es fundamental para saber si una persona ya tiene derecho a las nuevas ayudas o servicios o si, por el contrario, debe esperar a la progresiva aplicación de la normativa.

En un caso, similar se encuentra María Luisa P., hija de una enferma de alzhéimer que está a la espera de conocer si le corresponde algún tipo de prestación. "A mediados de octubre presenté la solicitud para saber el grado de dependencia de mi madre. Me extrañó mucho que tardaran tanto, pero por fin hace cuatro meses vino una asistenta social a casa a hacer le informe", explica esta valenciana que se encarga del cuidado de su madre.

"De momento no me dicen en ningún sitio cuándo voy a tener una respuesta. Yo estoy sola para cuidarla y, como trabajo, tengo que pagar a una persona que me ayude", relata María Luisa, quien prefiere no dar a conocer su apellido "por miedo a que pasara algo con el expediente". "Pienso en las mujeres que deban ocuparse de sus hijos y de algún familiar dependiente y no sé cómo se las apañarán", sostiene.

La sindicatura había acumulado hasta finales de marzo 245 quejas de particulares. Sin embargo, en las tres últimas semanas de ese mes se produjo un "gran aluvión" de hasta 145 reclamaciones de ciudadanos valencianos.

Esta institución anunció el pasado mes de noviembre que la síndica iba a elaborar un informe de oficio sobre la situación de los trámites de valoración, que dependen de la Conselleria de Bienestar Social.

A partir de ese momento, según agregaron las mismas fuentes, empezó un goteo de quejas. Pero en las últimas semanas se ha producido el incremento que eleva la media diaria a siete quejas . Buena parte de este aumento se debe a la "movilización de asociaciones y discapacitados", especialmente en Alicante, donde se ubica la sede del Síndic de Greuges.

De hecho, durante los meses de enero y de febrero se produjeron varias actos públicos, como una protesta ante la Dirección Territorial en Alicante de la Conselleria de Bienestar Social, para denunciar lo que los afectados consideran una "dejación de funciones".

Una de las primeras reacciones fue la presentación de una queja por parte de un grupo de nueve afectados por distrofia muscular, todos ellos considerados grandes dependientes y que acusaron a la Generalitat de "pasividad".

La Conselleria de Bienestar Social ha venido reclamando al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales más dinero para la puesta en marcha de la ley. De hecho, denunciaron que regiones como Cataluña habían firmado acuerdos específicos para contratar equipos de valoración, a diferencia de lo que ocurrido con otras autonomías que, como la valenciana, sólo perciben fondos ordinarios. La Generalitat, además, considera insuficiente este presupuesto.

En comparación a las 245 reclamaciones registradas por la Ley de Dependencia, la síndica publicó en todo el año pasado 16 quejas relacionadas con los servicios sociales: 13 relativas a la Conselleria, 2 a Ayuntamientos y una al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Hasta ahora el motivo de queja contra la Generalitat era por otro proceso parecido: el retraso para obtener del certificado de discapacidad, un documento necesario para, entre otros trámites, pedir una plaza de aparcamiento reservada o lograr beneficios fiscales.

La coordinadora de Esquerra Unida anuncia que instará a la síndica de Greuges a actuar contra el "bloqueo del PP" a la aplicación de la Ley de Dependencia. En un comunicado afirma que el Consell ha convertido el "silencio administrativo" en "silencio negativo". Así, añade, "todas las personas que piden las ayudas y no se les contesta, ya no pueden optar a ellas y pierden derechos".