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Parte del convoy accidentado en julio de 2006. Punto final a la investigación judicial sobre el descarrilamiento del metro que costó la vida a 43 personas en julio de 2006 en Valencia. La última apelación posible presentada por los afectados ha sido rechazada por la Audiencia de Valencia en una resolución "contra la que no cabe recurso", como subraya el tribunal de la sección primera.

El archivo definitivo ya fue dictado por el juzgado de instrucción número 21 de Valencia y es ahora confirmado por la Audiencia.

El dictamen judicial viene a repetir los argumentos repetidos en numerosas resoluciones por la jueza encargada del caso, aunque, si cabe, con mayor claridad. La Audiencia reitera que la "causa material del accidente" fue el descarrilamiento "por un exceso de velocidad". El siniestro "en modo alguno era previsible", como también fue "insólito, inaudito e inesperado que el conductor del tren acelerara a la entrada de la curva" en la que se fraguó la tragedia.

"Todavía hoy se ignora el por qué de dicha conducta", afirma la Audiencia, en referencia al exceso de velocidad protagonizado por el maquinista. "Lo previsible es que los conductores profesionales circulen a la velocidad general marcada", añade la resolución, para argumentar que las medidas de seguridad existentes en el punto del accidente eran las exigidas.

En dicho lugar existía únicamente una señal de limitación de velocidad, "medida común y general de garantizar la seguridad en la vía". La investigación tampoco ha determinado negligencias en las normas de prevención de riesgos laborales, formación del maquinista o su jornada laboral.

Los afectados se han aferrado durante la instrucción al dictamen expuesto por un perito acerca de que una baliza limitadora de la velocidad antes de la curva hubiera impedido el accidente. El tribunal responde que, tras el descarrilamiento, "sabemos que una baliza programada hubiera impedido que se produjera el accidente, así como que la conducción la hubieran formado dos maquinistas o que se hubieran eliminado las curvas en el trazado subterráneo". Pero la resolución añade que son "medidas razonables" que han de adoptarse en la línea 1 "tras la imprevisible conducta del conductor fallecido", lo que para la justicia motivó la tragedia que conmocionó a Valencia.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio de 2006, Enric Chulió, manifestó ayer a Efe su "decepción" por la resolución. "Ahora toca reflexionar, pero no nos vamos a rendir", sostuvo el representante de los afectados.

Chulió detalló que entre las posibilidades que maneja la asociación está la de acudir al Tribunal Supremo o bien presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (por infracción de algún derecho fundamental, como pudiera ser el de tener un proceso justo), ya que ante la jurisdicción ordinaria, el caso está cerrado.