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Vertidos tóxicos que podrían contaminar el Saladar de Aguamarga. Ecologistas en Acción ha presentado una querella contra la empresa Eurocolor Acabados Metálicos S. L. por un presunto delito ecológico al efectuar vertidos ilegales en un pozo de 57 metros de profundidad que contienen metales pesados con componentes cancerígenos. Sobre esta empresa, que carece de licencia de apertura, pesa un decreto de suspensión de actividades desde el pasado mes de noviembre, aunque después de seis meses el Ayuntamiento no lo ha ejecutado.

Precisamente, el martes otra empresa del ramo presentó tres escritos en el Ayuntamiento en los que reclama el cierre de esta fábrica, que trabaja sin las preceptivas licencias de apertura y actividad y sobre la que pesan diligencias por presuntos delitos contra el medio ambiente en el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante.

La empresa a la que denuncian está situada en la avenida de Elche, en el polígono industrial de Aguamarga, y se dedica al lacado y acabado de superficies metálicas de aluminio, hierro y acero. La mercantil forma parte de un grupo empresarial titular de varias instalaciones repartidas por toda la geografía española y también por otros países europeos.

Los vertidos, con un caudal diario medio de unos 20.000 litros, se están realizando desde hace diez años, según denuncian los ecologistas, en el subsuelo de una zona próxima al Saladar de Aguamarga y a su perímetro de protección. La empresa carece de conexión con el alcantarillado municipal, inexistente hasta hace poco tiempo en el polígono industrial, y que en la actualidad está instalando el Ayuntamiento. De hecho, el resto de empresas del polígono se han visto durante años a verter en pozos ciegos ante la inexistencia de la infraestructura necesaria en la zona.

Ecologistas en Acción asegura que los vertidos tóxicos de esta empresa "podrían estar dañando el acuífero del Saladar", una zona húmeda catalogada. Además, añaden, a escasos 800 metros están situadas las captaciones de la desaladora que toman agua a través del acuífero. Así, y aunque los ecologistas afirman que existe una baja probabilidad de que los metales pesados lleguen al suministro de agua potable "esta actividad supone un riesgo inaceptable para la salud de las personas y del medio ambiente".

Junto con la querella, los ecologistas han solicitado al juzgado que instruye el caso el cese cautelar de la actividad industrial. De hecho, la posibilidad de suspender la actividad de esta empresa arrastra desde el año 2004. Fue entonces cuando el Ayuntamiento decretó el cierre. En ese momento, la empresa alegó perjuicios por ese cierre y el Consistorio optó por ejecutar la orden.

Los ecologistas recuerdan que la empresa tampoco cuenta con la preceptiva Autorización Ambiental Integrada expedida por la Generalitat Valenciana y necesaria para las empresas que realizan ese tipo de actividad, según contempla la Ley de 2006 de Prevención y Control de la contaminación. En el año 2000, la Confederación Hidrográfica del Júcar inició un procedimiento sancionador por carecer de permiso de vertido, pero el expediente no finalizó.