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"Era como Chicago en los años 20, una mafia que controlaba la delincuencia en la ciudad, extorsionaba a los empresarios, trapicheaba con drogas y dirigía las redes de prostitución clandestinas, sólo les faltaba tener el monopolio de la venta de alcohol". La frase es de uno de los mandos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid que ha dirigido la operación Bloque contra la corrupción de la Policía Local del municipio de Coslada, y permite atisbar el alcance de la redada que ayer acabó con la detención de 26 agentes municipales, la quinta parte de la plantilla de esta ciudad de 90.000 habitantes situada a doce kilómetros al este de la capital.

Entre los arrestados esta el supuesto capo del grupo, el jefe de la Policía Local Ginés Jiménez Buendía, que desde 1986 dirige el cuerpo y que, además, es el presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de Policía Local (Feajepol). En 2006 ya había sido absuelto de tres delitos de detención ilegal. También fue detenido el guardaespaldas y chófer del alcalde de Coslada; el socialista Ángel Viveros Gutiérrez gobierna con el apoyo de IU y un grupo independiente.

Durante la operación, que comenzó a las 8:00 horas, efectivos de las Unidades de Intervención de la Policía realizaron varios registros domiciliarios, entre ellos la vivienda de Jiménez Buendía, y allanaron la comisaría local y otras dependencias municipales en busca de documentos.

La investigación que ayer desencadenó la detención de los policías comenzó hace varios meses, cuando la Policía Nacional investigaba una red de tráfico de mujeres rumanas para la prostitución. Los pinchazos telefónicos desvelaron los vínculos de este grupo con numerosos policías locales y con el propio Jiménez Buendía.

Poco a poco, los agentes de Policía Judicial comprobaron que había mucho más detrás: los agentes extorsionaban a empresarios, especialmente de hostelería y dueños de prostíbulos a los que amenazaban con el cierre, brindaban "protección" a propietarios de locales, chantajeaban a las prostitutas a las que a veces forzaban a trabajos sexuales y, en ocasiones, controlaban el menudeo de drogas.

La Policía Judicial, por el momento, acusa a sólo una decena de los detenidos de delitos contra la salud pública, cohecho, robo y delitos contra el patrimonio, la libertad sexual y la libertad de los trabajadores. La declaración de algunos testigos protegidos, además de las grabaciones telefónicas, podría ser clave para mantener las imputaciones contra el núcleo duro de la mafia.

Los arrestados fueron trasladados a diferentes comisarías de policía de la capital para su interrogatorio. Los agentes permanecerán incomunicados 72 horas, ya que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El responsable directo de los agentes detenidos, el concejal de Seguridad y Urbanismo Antonio Murillo (de la Plataforma de Izquierda de Coslada, PIC) se reunió ayer apresuradamente con los responsables del consistorio para reorganizar el cuerpo tras la sangría que ha supuesto la detención de 26 agentes. Los 128 miembros de la Policía Municipal que quedan en libertad estarán dirigidos a partir de ahora por un suboficial. El edil garantizó que todos los agentes implicados serán suspendidos de empleo y sueldo en cuanto haya una sentencia judicial.

El alcalde, por su parte, aseguró ayer que, más allá de los agentes, en la operación Bloque no hay involucrado ningún funcionario ni responsable político del Ayuntamiento. Ángel Viveros, que dijo estar convencido de la inocencia del actual equipo de gobierno e, incluso, del anterior equipo del PP, señaló que sólo había oído "rumores" y "quejas verbales" sobre la mafia policial, pero que el Ayuntamiento nunca había recibido denuncias formales. El sindicato CSIF, sin embargo, apuntó que en varias ocasiones habían avisado al Consistorio de las posibles irregularidades. La Comunidad de Madrid dio ayer instrucciones a sus servicios jurídicos para personarse en las actuaciones judiciales como perjudicado, ya que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, a través del proyecto de seguridad ciudadana Bescam, paga el sueldo de 80 de los 159 policías municipales de Coslada.

Más de 200 personas se concentraron ayer frente a la sede de la Policía Local e increparon a los agentes municipales que salían o entraban en el edificio. "Se veía venir. Todo el mundo sabía que había corrupción en la ciudad", aseveró Elvira Abad, una vecina de Coslada.