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17.000 puestos de trabajo perdidos. Ese es el precio que ha pagado la Adminstración pública en la provincia por la crisis económica. Las privatizaciones de servicios públicos, así como la externalización de prestaciones de otros, para reducir gastos en un momento de ajuste de los presupuestos, explican en parte esta evolución de la contratación. Unas prácticas que se extienden a todas las administraciones La Administración pública tampoco se libra de la crisis y ha visto disminuir de forma drástica su plantilla de trabajadores en la provincia en el último año.

Así lo confirman los datos oficiales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que en el informe 2007 del Observatorio Ocupacional refleja que el número de empleados contratados por los organismos públicos se ha reducido en casi 17.000 personas -sin contar las actividades sanitarias y de educación que aparecen en otros apartados-.

La tasa de reducción de personal en las administraciones alcanzó el 32,84 por ciento, al pasar de un volumen de cotizantes a la Seguridad Social en este apartado de 51.728 trabajadores en 2006 a otro de 34.741 al cierre del último ejercicio.

Las privatizaciones de numerosos servicios públicos, así como la externalización de prestaciones de otros, para reducir gastos en un momento de ajuste de los presupuestos, explican en parte esta evolución de la contratación. Unas prácticas que se extienden a lo largo de todas las administraciones -central, autonómica y local-, aunque es en el ámbito municipal donde es más visible, debido a la precariedad presupuestaria por los problemas de financiación.

Los sindicatos subrayan que es en estos momentos cuando hay que hacer una mayor apuesta por el empleo público, ya que es más que notable el déficit de personal en la casi totalidad de servicios, cuando por el contrario las necesidades son evidentes.

Con todo, el sector público también sufre un problema importante en cuanto a la temporalidad de la contratación. El dato oficial del primer trimestre de 2008 confirma que la tasa de trabajo temporal se ha incrementado en 3,3 puntos con respecto al mismo periodo del pasado año. En concreto, se ha pasado de un índice del 28,2 por ciento al 31,5 por ciento sobre el total de los contratos públicos.

Las organizaciones sindicales también hacen hincapié en que la Administración, en función de los últimos datos del IPC, se hace imprescindible la creación de cláusulas de revisión salarial, puesto que su poder adquisitivo se ha visto reducido en el último ejercicio.

Otros aspectos en los que estas organizaciones han hecho hincapié, en especial CC. OO. y UGT, son la necesidad de atender demandas como la jubilación parcial para los empleados públicos, el decreto del teletrabajo en el ámbito de las administraciones públicas y la Ley de la Función Pública en la Administración General del Estado.