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O los bancos vuelven a abrir la mano con los créditos o la desaparición de empresas y la destrucción de empleo en el sector de la construcción será un alud que acabará sepultando también a las pymes que dependen en mayor o menor medida de la suerte del ladrillo. Así lo cree el presidente de la Federación Provincial de la Construcción de Alicante (Fecia), Ramón Jerez, que no obstante afronta el futuro con cierto optimismo porque confía en que el Gobierno aproveche el colchón presupuestario que le ha dado el superávit de los últimos años de bonanza para reactivar la economía con medidas de choque que ya no admiten ninguna espera.

Jerez plantea múltiples medidas complementarias que se pueden adoptar para reactivar al sector que van desde la promoción de vivienda protegida, la reconversión de inmuebles de renta libre en VPO o la rehabilitación de zonas degradadas de las ciudades. Sin embargo, cree que de poco servirían porque "sin dinero no hay arreglo y, por eso, lo más urgente ahora es que el Gobierno llegue a un gran acuerdo de Estado para que los bancos devuelvan su confianza al sector inmobiliario porque las empresas disponen de mucho patrimonio inmovilizado, pero al no haber ventas les falta liquidez para afrontar los pagos".

En su opinión, recuperar la confianza de las entidades financieras es indispensable no sólo para cubrir las espaldas a las constructoras y promotoras, "sino también para que se den todas las facilidades posibles a los potenciales compradores".

De lo contrario, Jerez cree que será complicado abandonar una espiral que sería muy destructiva para el sector y para la economía en general. En este sentido, también considera interesante que el Gobierno recupere las exenciones fiscales de hasta el 90% que se concedían a los compradores de VPO a finales de los años ochenta, pues sería una forma de estimular un mercado en recesión al tiempo que se facilita el acceso a la vivienda a la población con menor poder adquisitivo.

El secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, señala que a pesar de las dificultades, las empresas están afrontando bien la situación y descarta que se vayan a producir suspensiones de pagos masivas.

En su opinión, "las empresas tratan de adaptarse al nuevo escenario y es previsible que en un mercado en el que la demanda está expectante los problemas vengan derivados de la falta de liquidez y la restricción en la libertad de movimientos provoca la situación de riesgo para los promotores pueda ser mayor". La única parte positiva que le encuentra Provia a esta situación es que se producirá una criba que "aportará salud y transparencia al sector". Sin embargo, las consecuencias negativas no son baladíes y necesitan respuestas.

Ros cree que "estamos ante un panorama en el que hay empresas que se resienten, se está perdiendo empleo y las economías familiares ven lastrado su futuro; deberíamos hacer un esfuerzo todos, administración, organizaciones empresariales y resto de agentes sociales, por adoptar medidas que lejos de estancarnos más, nos devuelvan cierto criterio y raciocinio a todo un sector que reclama soluciones que permitan reconducir esta situación.

Los ecos de la Conferencia Inmobiliaria celebrada en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, una de las citas ineludibles para la patronal alicantina, apuntan en la misma dirección: promotoras y bancos están condenadas a entenderse. Sin embargo, no todos comparten la misma teoría sobre el desencadenante de ese desencuentro. Mientras algunas promotoras como Chamartín o Edival lo achacan a una falta de liquidez de las entidades financieras, desde bancos especializados en el sector inmobiliario como Eurohypo Ag se apunta más bien a una falta de confianza de los bancos y cajas de ahorros españolas, que retiran sus fondos de un sector al que han estado, en algunos casos, más unidos de lo deseable.