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La alcaldesa Rita Barberá aseguró hace unas semanas que utilizaría todos los medios legales y jurídicos para impedir que el Gobierno ejecute los deslindes en el parque natural. Lo anunció y ayer lo confirmó. "Hemos acordado instar a la Generalitat a que incluya en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública la Devesa de La Albufera", afirmó ayer.

La alcaldesa explicó que el motivo de esta petición era para dotar a la Devesa de mayor protección si cabe. "Este asunto es de la mayor importancia porque abunda en el cuidado, el mantenimiento y la protección que se da a la Devesa de La Albufera y es el máximo patrimonio ambiental con el que cuentan los valencianos".

La inclusión de la Devesa en este catálogo paraliza el proceso que ha iniciado el Gobierno central para apropiarse de parte de los terrenos del parque Natural.

Barberá aseguró, sin embargo, que no se había hecho por este motivo, pero reconoció que si esta medida servía de argumento para evitar los deslindes así lo utilizarían. "El acuerdo adoptado no se ha hecho con esa finalidad ni mucho menos, pero uno de los argumentos para defender los deslindes es la necesidad de proteger esta zona, por tanto la actuación de su equipo muestra los trabajos llevados a cabo en este sentido a lo largo de los últimos años", afirmó.

Barberá explicó que el Ayuntamiento de Valencia "cuida y trabaja en favor de su patrimonio independientemente de amenazas de expolio como las del Gobierno central, por eso seguiremos trabajando en la misma línea".

El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Generalitat es "un instrumento que ahonda más en la garantía de protección máxima de este paraje. Barberá recordó que la Devesa de La Albufera ya tuvo la consideración de monte de utilidad pública entre 1859 y 1964 y destacó que, tras haberla perdido, "ahora, después de todas las actuaciones de protección lo que se pretende es recuperarla".

La alcaldesa espera que esta medida sea suficiente y el proceso que comenzó el Gobierno en febrero no prosiga porque a su juicio lo que se está realizando es un expolio de los terrenos que han sido de los valencianos durante años.

El Gobierno justifica esta medida como una actuación necesaria para proteger el Saler ante el cambio climático.