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El Gobierno valenciano obtuvo ayer un nuevo éxito en el pulso que mantiene con Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en relación con el cierre de los repetidores ilegales de la entidad que preside Eliseu Climent. Un juzgado dio el visto bueno a la entrada "incluso forzosa" de la administración autonómica en las instalaciones ubicadas en los términos de Llosa de Ranes y Alginet.

El auto judicial, dictado con fecha de 23 de junio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia, permite el acceso a esos dos centros para proceder al apagado y precintos de los equipos de la emisión de la señal de TV3. El juez se pronuncia en esos términos en respuesta a una solicitud planteada por la dirección general de Promoción institucional de la Generalitat. Contra la resolución cabe recurso de apelación.

Acció Cultural explicó ayer a través de un comunicado que los dos repetidores pertenecen a la Fundación Ramon Muntaner, y dan cobertura a las comarcas valencianas de la Ribera Alta y La Costera. Asimismo, señaló que la resolución judicial es "de inmediata ejecución", aunque la Fundación ya ha adelantado que presentará recurso de apelación, si bien éste no tiene efectos suspensivos. El auto señala que la medida de entrada forzosa en los centros de reemisión y precinto de aparatos "es proporcional" a la ejecución del auto dictado, pues "no consta que haya otra medida alternativa que garantice la eficacia del acto", ni el "sacrificio temporal del derecho no fundamental de propiedad" se presenta "como excesivo respecto a la finalidad a lograr".

Asimismo, se indica que, aunque la ley valenciana del Sector audiovisual está pendiente de recurso de inconstitucionalidad, no se ha suspendido la efectividad de la misma por el Alto Tribunal, por lo que su vigencia actual es "indiscutible, y el amparo que proporciona a la competencia y legalidad del acto a ejecutar, también". El auto que afecta a estos dos repetidores marca distancias con las últimas resoluciones dictadas por el TSJ en relación con el cierre de los repetidores propiedad de Acció Cultural. En el caso del Mondúver (Gandía) y Monte Bartolo (Castellón), la Generalitat se encontró con la postura en contra del juez, que consideró en ambos casos que no procedía acceder a la solicitud de autorización del Gobierno valenciano para permitir su entrada en ambos repetidores "dado que el expediente administrativo del Consell que ordena el cese de las emisiones de TV3 ha sido recurrido". Ahora, el juez ha estimado en este caso el criterio de la administración autonómica y ha optado por permitir el cierre de esos dos repetidores.

La postura de la Generalitat en relación con la emisión en la Comunitat de TV3 está pendiente de una decisión del ministerio de Industria. Los gobiernos catalán y valenciano están de acuerdo con el intercambio de la señal de las respectivas televisiones autonómicas. Pero necesitan que Industria autorice un segundo multiplex que lo haga posible.