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El llamado informe Camps superó ayer su primer examen en la Unión Europea. La Comisión de Desarrollo Sostenible del Comité de las Regiones debatió el documento (cuya presentación corrió a cargo del portavoz del Consell, Vicente Rambla) con un resultado favorable para la Generalitat Valenciana. Dicha Comisión aprobó introducir, en el documento sobre consumo de agua que se debatirá en pleno el próximo mes de febrero, una mención a favor de los trasvases desde cuencas excedentarias a las que son deficitarias. La UE está, por tanto, a un paso de aceptar esta práctica, la de las transferencias hídricas, como "último recurso" para luchar contra la sequía y la escasez hídrica, y siempre que se observen los "apropiados" criterios medioambientales. El informe que presentó ayer Rambla, del que es ponente el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, congregará la opinión de las regiones europeas sobre la estrategia que debería seguir la Unión para luchar contra la escasez de agua. Para el Gobierno valenciano, el de ayer es un logro muy importante, ya que hecho de que el Comité de las Regiones (a falta de celebrar el pleno) avale los trasvases, es un paso más hacia la consecución de financiación europea para estas infraestructuras.

Además, se trata de la primera vez que la Unión Europea reconoce las transferencias hídricas como un mecanismo válido para hacer frente a la sequía. El punto de partida de este debate es la comunicación que presentó el año pasado la Comisión Europea a los Estados miembros, donde ponía el acento particularmente en el ahorro de agua y en una tarificación adecuada que cubra los costes de este recurso. No apostaba, por el contrario, por la creación de infraestructuras adicionales como desaladoras y trasvases. La enmienda, aprobada a instancias de la representación valenciana, fue pactada con otras regiones y consideraba positivos "los trasvases y otros intercambios de agua entre sistemas dentro del ámbito estatal (...) siempre que quede garantizada la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la recuperación de los acuíferos y los caudales ecológicos", y siempre que no sustituyan a una "gestión responsable de los recursos hídricos". La propuesta contó con el apoyo de la mayoría de las regiones, como Murcia, pero se topó con la oposición de los representantes de Castilla-La Mancha e Islas Baleares, quienes recordaron que esta cuestión provoca en los últimos años un tenso conflicto entre autonomías. Los gobiernos valenciano y castellano-manchego mantienen ya un largo enfrentamiento con motivo del trasvase Tajo-Segura.

A pesar de su contundente rechazo a los trasvases en el escenario europeo, el Gobierno de Castilla-La Mancha empieza a asumir que el PSOE no incluirá en su programa electoral el final de la transferencia Tajo-Segura. El Estatuto castellano-manchego fija 2015 como fecha de finalización de la obra. El presidente de esta autonomía, el socialista José María Barreda, reconoció ayer lo complicado de incluir concreciones de ese tipo en el programa electoral, pero reiteró su compromiso por lograr que se termine el trasvase en esa fecha, y defendió el texto del Estatuto al completo. Además, recalcó que esa posición se la ha trasladado en múltiples ocasiones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que los populares manchegos comparten también esta reivindicación. Por otra parte, y de nuevo en la Unión, el eurodiputado del Partido de los Verdes David Hammerstein reclamó ayer la intervención de la Comisión Europea en lo que considera una "urbanización masiva" en determinadas regiones de la geografías española con "escasez hídrica endémica".

Hammerstein pidió al comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, que el Ejecutivo comunitario abra un procedimiento de infracción que aglutine todas las denuncias presentadas en Bruselas relativas a la aprobación de 266 urbanizaciones con la opinión negativa de las Conferencias Hidrográficas. En concreto, se refirió a 129 planes urbanísticos proyectados en la Comunitat Valenciana, 121 en Murcia, 8 en Andalucía y otros 8 en Castilla-La Mancha. El Gobierno valenciano ya ha recibido varios toques de atención por parte de las instancias europeas en materia de urbanismo y construcción. La Comisión Europea pone en duda varios aspectos de la Ley Urbanística Valenciana, y las divergencias se han saldado con miles de denuncias y una visita de europarlamentarios a la Comunitat para comprobar in situ la política del Consell en esta materia.