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La actividad inmobiliaria se ha parado en la provincia, y ya no solo afecta a las empresas promotoras y constructoras. Los fabricantes de materiales -ladrillos, cemento-, proveedores -puertas, muebles- y otros profesionales de sectores auxiliares y de servicios, miran ahora con mucha alarma el futuro de sus negocios. El caso de Nuepro, que ha pedido la intervención judicial con una suspensión de pagos, ha mostrado la cruda realidad existente, más allá de quienes han querido minimizar el problema bajo la etiqueta de una simple recesión.

El desplome de la construcción muestra un panorama marcado por la falta de liquidez que ahoga ya a muchos. Los impagos, los retrasos en los plazos, las devoluciones de letras, la entrega de pagarés pero sin dar el documento de pago crecen imparables en las relaciones entre unas empresas y otras. Además, los bancos y cajas de ahorro han cerrado el grifo ante la falta de garantías, lo que agrava más si cabe la situación, lo que es una grave amenaza para la viabilidad de las firmas.

El promotor alicantino Armando Sala, al frente de la empresa Edisala, reconoce que "los indicadores económicas ya avisaban hace tres meses que íbamos a entrar en crisis; pues bien -reconoce- ya hemos entrado". A su modo de ver es una crisis que afecta a los mercados financieros porque "no hay forma de recabar fondos para capitalizar porque se ha retraído el crédito porque hay que gestionar la crisis con prudencia". En su opinión, "ahora mismo no se sabe cuándo va a haber liquidez en los mercados porque el promotor no vende y esto lo paga el constructor". Sala cree que la situación es "alarmante" pero también afirma, en su condición, de vicepresidente de la CAM, que la caja sí está gestionando bien la crisis.

Un ejemplo de los sectores auxiliares de la construcción muy afectados por la crisis es el de maquinaria, andamios, ascensores, que ha visto como la facturación se ha desplomado en el último año. Así lo reconoce el administrador en Alicante del grupo Ates, José Tomás Jaén, firma de referencia en la Comunitat, que reconoce que " ya comenzamos a notar un ajuste a finales de 2006, que se confirmó de forma evidente a lo largo del pasado año". Advierte que "hay que buscar soluciones urgentes entre empresarios y administración porque si no es así, nos vamos todas las empresas de servicios al garete".

Jaén, ex presidente de la patronal del metal Fempa, reclama que "no sólo se centre la atención en las constructoras y promotoras, sino en todas las actividades auxiliares, ya que son las primeras que sufren las consecuencias". "Se trata de una cuestión de supervivencia y necesitamos apoyos", reclama.

Unas circunstancias que sufren los pequeños talleres de ferralla, las firmas de cerámica y ladrillos, carpinteros, pintores y hasta las grande firmas cementeras. Es el caso de la propia multinacional Cemex, con planta en San Vicente del Raspeig, que reconoce que intenta compensar la importante caída de las ventas para edificación con una mayor apuesta por la obra pública y las infraestructuras, según un portavoz.

José Tomás Jaén, que integra el comité ejecutivo de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) asegura que en la reunión prevista para hoy sacara el tema para su análisis concreto.

El promotor Valentín Botella, presidente del Hércules y propietario de Procumasa, recalca que "la mejor ayuda que podemos recibir es que las entidades financieras ofrezcan un mayor apoyo, tanto a las empresas como a los compradores para que así pueda volver a recuperarse la demanda de vivienda". Botella muestra su preocupación por la situación que puedan estar atravesando determinadas empresas, "porque no es bueno para nadie". Insiste en que "es necesario que todos rememos en la misma dirección para conseguir un mayor compromiso de los bancos de cara a poder recuperar la confianza".

Con todo, también hay voces para el optimismo. "He superado cinco crisis de la construcción en mi vida; ésta será la sexta", afirma Manuel Peláez, presidente del holding Ecisa. A su modo de ver, la solución ante esta situación es "mantener la calma" y "diversificar el negocio".

Además, sostiene que las empresas que aguantan bien las crisis salen muy fortalecidas y se puede expandir mucho más. "No hay que quemar las naves ni mucho menos, porque somos una provincia fuerte, un país fuerte que además está dentro de la Unión Europea". En opinión de Peláez, las buenas empresas deben estar siempre preparadas para afrontar cualquier recesión, administrar los bienes escasos y no defraudar a la banca". Está convencido de que la construcción es uno de los motores de la provincia y contará con el apoyo del sistema financiero. "Hay que tener fe en el futuro", afirma.

Más crudo es Juan Antonio Iniesta, del Grupo Santa Ana. Entiende que "la crisis de la construcción es severa, afecta no sólo a la provincia de Alicante sino al conjunto de la Comunitat". En cualquier caso, en su opinión, "hasta septiembre se produjo un ajuste normalizado, pero a partir de entonces, el proceso ha empeorado y es necesario que se adopten medidas claves para que los empresarios puedan trabajar con normalidad".

¿Qué medidas? "Las que ayuden a suavizar la crisis por parte de las entidades financieras sin estar penalizadas". A su modo de ver, en los últimos años se ha tratado de manera muy injusta al sector de la construcción, pero sin embargo es uno de los bastiones del crecimiento de la economía de Alicante y del conjunto del país. El responsable de Santa Ana, una de los promotores que más ha crecido en los últimos años, está convencido de que de la crisis "sólo se saldrá con un ajuste duro".

Un análisis parecido realizan desde el Grupo Cívica, propiedad del conocido empresario Enrique Ortiz. Un portavoz de la mercantil entiende que es una crisis que afecta al conjunto del sector. "Los bancos están cortando el grifo a y las ventas caerán aun más". No obstante, se muestran convencidos de que la obra pública no se verá afectada o al menos de una manera tan grave que la iniciativa privada, por la dura recesión que atraviesa tanto el sector de la edificación como el de la promoción.

A su entender, "la vivienda libre se estancará y se producirá un incremento de los procedimientos concursales, entre otras cosas porque es una garantía para poder salir de la crisis sin tener que llegar necesariamente a la quiebra". Por eso, el representante de Enrique Ortiz entiende que "con cuidado y teniendo confianza en el sistema es posible afrontar el problema.