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La Defensora del Pueblo pide que se garantice la epidural en todos los hospitales públicos

22:16:51 - 12/01/2008Vocento VMT -Caballero propone que las comunicaciones de administraciones a ciudadanos sean bilingües
La Sindicatura de Greuges, institución equivalente al Defensor del Pueblo valenciano, recibió en 2006 un total de 4.482 reclamaciones, de las que 1.744 acabaron en la apertura de un expediente. Un total de 91 de esas quejas, el 5por cien, se centraron en el ámbito de la Sanidad.
En su informe la Síndica, Emilia Caballero, reclama que se implante la anestesia epidural para los partos en todos los hospitales públicos de la Comunitat. Además, pide que se haga con todas las consecuencias, es decir, que su aplicación no quede limitada a determinadas franjas horarias. Según la responsable de la institución, la falta de anestesistas no puede ser una excusa.
Un volumen importante de las quejas en este apartado se refiere a las listas de espera sanitarias. La Sindicatura pone el acento en las demoras que sufren los pacientes con obesidad mórbida, "que superan lo razonable", y las personas que esperan una intervención de reproducción asistida. Esta situación, apunta, puede "vulnerar" el derecho constitucional a la protección de la salud. Frente a ello, Caballero insta a las administraciones a tomar medidas "inmediatas".
La falta de infraestructuras sanitarias también copa muchas de las quejas que llegan a esta Institución. En este punto, la Sindica destaca que muchas corporaciones locales se han convertido en autores de las reclamaciones. Los Ayuntamientos siguen soportando demasiados gastos que no son de su competencia.
El ámbito educativo también centra una parte similar de las quejas. La mayoría de ellas se refieren a la admisión y matriculación de alumnado en la enseñanza no universitaria. Y muchas, generadas por la falta de plazas públicas en educación infantil. Frente a ello, la institución propone a las administraciones a que realicen el esfuerzo presupuestario oportuno para dar cobertura a la escolarización de cero a tres años, pese a ser no obligatoria. A esta medida se une la extensión de los servicios de comedor y transporte y la adaptación de los horarios.
Caballero alerta también de la proliferación de módulos prefabricados en los colegios e insta a la Administración educativa a que adopte las medidas necesarias para acelerar la construcción de instalaciones docentes definitivas.
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