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La fibromialgia es un síndrome crónico e incurable que afecta al 3,2 por ciento de la población, es decir, a cerca de 55.000 personas en la provincia de Alicante. Provoca en quienes la sufren dolores crónicos en diversas partes de su cuerpo, además de otros síntomas asociados como déficit de sueño, de atención, desorientación, pérdida de equilibrio, depresión y ansiedad.

Sin embargo, es una enfermedad invisible, muy difícil de diagnosticar, puesto que no existen pruebas que demuestren que una persona la padece, por lo que, aunque en la mayor parte de los casos dificulta el desempeño de las tareas laborales, los enfermos han de afrontar un largo periplo de especialistas y tribunales para ver reconocida su incapacidad.

Hasta hace pocos años, el desconocimiento de la enfermedad hacía que los tribunales médicos y judiciales pusiesen gran número de trabas pero, con el paso del tiempo, cada vez son más las sentencias favorables a los enfermos, como demuestra un estudio realizado por el abogado especializado en casos de fibromialgia Gabriel Ruiz Soria, que concluye que, en este período, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha estimado en los últimos años la incapacidad laboral en más de la mitad de los casos presentados.

El letrado realizó un análisis estadístico de las sentencias dictadas por el TSJ-CV durante el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2006, en base a fallos de Juzgados de lo Social de las tres provincias recurridos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los interesados.

Según este estudio, en el periodo indicado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictó 464 sentencias en materia de incapacidad permanente por fibromialgia.

De las 464 sentencias dictadas, 428 confirmaron las dictadas por los Juzgados de lo Social (es decir, un 92,24 por ciento). Del resto, 29 revocaron la de instancia y, de ellas, 11 estimaron el recurso concediendo la invalidez denegada en primera instancia y nueve revocaron la invalidez reconocida inicialmente. Por último, siete anularon la sentencia del juzgado Social y devolvieron los autos para que se dictase nueva sentencia.

En lo referente a los juzgados de lo Social de la provincia (Alicante, Benidorm y Elche) la situación es algo más favorable a los solicitantes ya que, según el análisis realizado por el letrado, se dictaron en ese período 208 sentencias y, de ellas, desestimaron la invalidez en cualquiera de sus grados 104 sentencias, es decir, que estimaron el 50 por ciento.

Según Gabriel Ruiz, en los últimos años, 2007 y 2008, "ha habido un incremento de sentencias estimatorias de la incapacidad permanente solicitada, especialmente en grado de invalidez absoluta". El letrado calcula que actualmente se estima aproximadamente el 62 por ciento de dichas demandas.

La Asociación de Enfermos de Fibromialgia de Alicante (Adefa) denuncia que los afectados hayan de recurrir a los juzgados porque "casi en el 100 por ciento de los casos el equipo médico de evaluación de incapacidades de la Seguridad Social no nos la reconoce", dice Carmina Caplín, su presidenta.

Y es que la Seguridad Social no la ha reconocido como enfermedad incapacitante y no ha establecido un protocolo para evaluarla. "Tienen un criterio muy restrictivo y, aunque reconozcan en su informe la documentación aportada por los especialistas sobre cada caso, no suelen conceder la incapacidad", refiere. "Tendrían que entender que, cuando una persona con 40 o 50 años pide que la incapaciten no es que quiera ganar un 50 por ciento de lo que cobraba y quedarse en casa, es porque realmente no puede más", indica Caplín.

El rechazo de la evaluación médica fuerza a los afectados a invertir tiempo y dinero en llevar su caso ante los tribunales. Primero al Juzgado de lo Social y, en caso de que les de la razón y la Seguridad Social lo recurra, al TSJ-CV.

Para Gabriel Ruiz, que colabora con Adefa, y ha presentado en los últimos años más de 20 casos ante los tribunales, "es difícil objetivar con pruebas el cúmulo de afectaciones que constituyen la fibromialgia, lo que hace que tanto para los evaluadores como para los jueces sea difícil determinar la intensidad de la dolencia y si realmente es incapacitante". Además, las sentencias no sientan precedente, porque "en cada persona el síndrome cursa de forma totalmente distinta, más o menos aguda y cada una tiene unas circunstancias personales y laborales diferentes", dice.

En los últimos años, el mayor conocimiento de los especialistas sobre la enfermedad hace que los solicitantes puedan aportar diagnósticos médicos más exactos en el juicio, que pueden acompañar con la presencia de un perito médico especialista que explique su caso.