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Tras más de un año de espera la Audiencia Nacional ha decidido admitir a trámite la primera querella de los afectados por el cierre Fórum y Afinsa que ha interpuesto la Federación Central de Consumidores de la Comunitat en la que se reclama al Estado que asuma su responsabilidad patrimonial en el fraude económico de Fórum Filatélico.

En un escrito remitido por la Audiencia Nacional a esta entidad de consumidores, el órgano judicial solicita al Ministerio de Economía y Hacienda que en un plazo "improrrogable de veinte días" le remita el expediente administrativo referido a este contencioso.

Se trata de la primera vez que la Audiencia Nacional admite a trámite una reclamación patrimonial contra el Estado por la estafa de Fórum Filatélico, que se llevará a cabo por la sala de lo contencioso administrativo, según precisó el presidente de la Federación Central de Consumidores, Carlos Ruiz, quien recordó que para que "la Audiencia lo admita a trámite es porque ha detectado indicios de delito por parte del Estado que ya sabía de las irregularidades de Afinsa y Fórum en 2003 y no intervino hasta 2006, pese a que el día antes del cierre de las empresas numerosas personas habían firmado contratos".

La citada organización representa a unos 1.500 afectados por el citado fraude económico en la provincia, si la Audiencia Nacional no sigue adelante con este proceso agotarán "todas las vías disponibles, incluido el Tribunal de Estrasburgo". Ruiz, quien presidió una asamblea el pasado lunes con los afectados en Alicante, dijo que se ha creado un Consejo de Afectados en Alicante y que en los próximos días iniciará una ronda de contactos para reunirse con el presidente de la Generalitat, el delegado del Gobierno y los subdelegados de Alicante y Castellón para conocer "el apoyo de estas autoridades a los afectados por la estafa de Fórum Filatélico". Los consumidores acusan al Ministerio de Economía y Hacienda de un delito de omisión en su función de control y supervisión de las actividades económicas de consumo, así como de falta de diligencia a la hora de adoptar medidas tendentes a proteger a los ahorradores y de la ausencia de una regulación específica para el sector.