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Tres meses después de que el informe se entregara oficialmente en Les Corts, el síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha explicado los pormenores del documento en la comisión de Economía de la Cámara Valenciana. Queralt hace un repaso por los aspectos más llamativos del informe, como el gasto sanitario, la aplicación de la ley de contratos o la necesidad de que la Generalitat y sus empresas tengan en cuenta las recomendaciones que cada año subraya el informe.

Uno de los aspectos más llamativos de la comisión fue el apartado referido a la fiscalización de las empresas públicas. Queralt señala que en el informe correspondiente a 2006 -el que se debatía-, se realizó un control general a 16 empresas, mientras que de otras 14 sólo se investigaron determinadas áreas. Por último, quedaron 17 empresas a las que sólo se sometió a un control meramente formal. El resultado fue que se detectaron dos o más incidencias en 14 de los informes. Asimismo, 28 empresas o grupos de estas arrojaron pérdidas, mientras que cuatro tuvieron beneficios.

La fiscalización de las empresas públicas centró buena parte de la comisión. La portavoz de Economía del PSPV, Cristina Moreno, llamó la atención al síndic sobre la escasa evaluación que se hace a las empresas públicas. La diputada indicó en el año 2005 la Sindicatura investigó al 89 por ciento de las empresas públicas, en el ejercicio de 2006 ese porcentaje cayó hasta el 73,3 por ciento y en el informe de 2007 será incluso menor, al ser sólo del 42 por ciento.

Moreno achaca a la falta de medios de la Sindicatura el descenso de informes sobre estas empresas. Así, critica que en el informe de 2007 vayan a quedar fuera de las auditorías algunas de las empresas más importantes, como el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) o Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), o que de proyectos Temáticos sólo se investigue a Parques Temáticos y a la Ciudad de la Luz. También señaló que de las cuatro empresas que forman el complejo CACSA -Hemisfèric, Palau de les Arts, Oceanogràfic y Museo de las Ciencias- entre 2005 y 2006 sólo se revisaron las cuentas de dos.

Para Queralt, sin embargo, no es la falta de medios de la Sindicatura la que lleva a que cada año haya menos informes de empresas públicas. El síndic asegura que cuenta con el personal necesario -dijo incluso que no había solicitado más dotación- y justificó el descenso de estos informes en que las empresas públicas ya cuentan con auditorías privadas que se realizan de forma anual por orden de la Intervención General. Señala que de esta forma se evita caer en "duplicidades" y que se repitan las mismas pruebas. Queralt indica que los informes privados son luego utilizados por la Sindicatura y es cuando se decide "si son suficientes o no".

Respecto a las fundaciones públicas, el síndic señala como conclusiones la detección de contratos "que no han sido debidamente justificados", así como gastos que no están contabilizados de forma correcta.

El otro gran apartado de la comisión fue para el capítulo de Sanidad. Un año más, el informe del síndic pone de manifiesto que el gasto en asistencia sanitaria sigue siendo el de más peso en el presupuesto de la Generalitat. Las obligaciones no reconocidas -"tendencia que ha ido en aumento desde 1986"- ascienden a 1.224,4 millones de euros.

Queralt achaca la elevada cuantía que suponen estas facturas en el cajón a aspectos como el envejecimiento de la población, la creciente demanda de los servicios sanitarios, y a la financiación "insuficiente" por parte del Gobierno para atender a la población desplazada, inmigrante o de residentes en el extranjero.

El síndic también cita un acuerdo de la Conselleria de Sanidad para el pago a acreedores por un importe de 408,4 millones de euros. Por su parte, el portavoz de Economía del PP, José Marí, subraya que las facturas en el cajón se reducirán en un 25 por ciento, y pasarán así a ser de 800 millones de euros, "que es la cifra que necesita la sanidad valenciana al año para estar adecuadamente financiada". Marí recuerda también que 2006 fue el primer año en el que la Generalitat tuvo superávit -de 138 millones de euros-.

Por último, Queralt señala que Les Corts deberían aprobar no el informe en sí, sino las cuentas que este contiene e insta a la Generalitat a que haga más caso a las recomendaciones de la Sindicatura.