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La ponencia económica que el PP debatirá en su próximo congreso nacional sitúa la población como el criterio prioritario sobre el que debe girar el nuevo modelo de financiación. La ponencia, dirigida por el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, señala que con el aumento de censo las regiones soportan más gastos mientras el Estado recibe más ingresos.

La ponencia económica del PP que se debatirá en el congreso que los populares celebrarán los próximos días 20, 21 y 22 de junio en Valencia sitúa la actualización de la población como el criterio prioritario sobre el que debe girar el nuevo modelo de financiación autonómica.

Así se recoge en el documento presentado el domingo por el vicepresidente económico del Gobierno valenciano, y responsable de la elaboración de la ponencia, Gerardo Camps.

En el texto, dentro del apartado referido a la financiación autonómica y local, el PP señala que para asegurar los recursos suficientes de las comunidades autónomas en la prestación de servicios públicos transferidos "es necesario que se actualice el sistema de financiación vigente". La ponencia de los populares recuerda que el Gobierno socialista "ya se comprometió en la pasada legislatura a revisarlo, llegando ésta a su término sin que tal compromiso fuese cumplido, a pesar de lo aprobado en las reformas de los estatutos de algunas comunidades autónomas".

El documento indica que el PP siempre ha mantenido la misma posición durante la pasada legislatura: el actual modelo exige ser revisado. Y añade: "dicha revisión debe tener en cuenta el aumento de la población experimentado en los últimos años, que se ha traducido en una mayor tensión presupuestaria autonómica frente a la estatal, debido a la mayor demanda de servicios públicos como la sanidad y la educación. Un gasto adicional que si bien lo soportan las comunidades autónomas, es en el Estado en quien repercuten la mayor parte de los ingresos derivados del incremento de la población, resultando un fuerte desequilibrio vertical".

El texto, que estará sometido a discusión -los compromisarios pueden presentar enmiendas-, difícilmente cambiará uno de los contenidos que se ha convertido en pilar de la postura defendida por el PP valenciano. Pese a que otras regiones sostienen que el de la población no debe ser el criterio fundamental sobre el que se revise el modelo de financiación, como Castilla y León, la ponencia económica sitúa la revisión de la población como prioridad máxima. Y sólo al final del párrafo siguiente cita de pasada otros criterios como el envejecimiento de la población, su dispersión geográfica, la superficie o la insularidad.

La presencia del criterio de población en el nuevo modelo de financiación forma parte del argumentario básico sobre el que se ha venido moviendo el Gobierno valenciano en relación con este asunto, y en el que también existe un acuerdo con el Gobierno de Cataluña para hacer frente común ante el Ejecutivo central. Ayer mismo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reiteró la reivindicación de que el nuevo modelo asuma el criterio de población para atender las necesidades del casi millón de personas más que viven en la Comunitat respecto a 1999 (año base para el actual sistema de financiación).

El documento presentado el domingo por el PP señala también que cualquier revisión del modelo "debe contar con la misma unanimidad que tuvo el actual en el momento de su aprobación. Debe ser decidido multilateralmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (Cataluña apuesta por una negociación bilateral con el Estado), así como contener los principios de generalidad, suficiencia financiera, solidaridad, igualdad, autonomía y lealtad institucional, que ya están contemplados en el actual modelo de financiación".

Además, considera que la solidaridad debe ser irrenunciable, y que cualquier modelo que se proponga "tiene que asegurar recursos suficientes para que todas las comunidades autónomas puedan prestar los servicios transferidos al margen de su capacidad fiscal". Como pieza de cierre del sistema, el Partido Popular apuesta por aumentar la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, revisando sus actuales criterios de distribución, ponderando con mayor intensidad la superficie de cada territorio y la dispersión, el envejecimiento de su población y la inversa de la renta.

Por otro lado, el responsable de Organización federal del PSOE, José Blanco, cuestiona que el Consell rechace el actual modelo financiero, cuya paternidad es del propio PP. Lo que el dirigente socialista no señala es que lo que reclama el Consell es una actualización del modelo, que revise la población. El portavoz de Economía del PP de Les Corts, José Marí, invita a los socialistas valencianos a interceder ante Zapatero para que asuma este criterio.