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Valencia tiene en estos momentos 7.000 personas dependientes, unos 5.000 grandes dependientes y otros 2.000 de menor alcance. Pero todos ellos aún no han recibido ninguna de las ventajas que contempla la Ley de Autonomía Personal o Dependencia. La portavoz socialista, Carmen Alborch, se reunió ayer con un grupo de personas afectadas y comprobó que su situación no había cambiado desde que hace unos meses se reunieron con ellos. "Hay un tapón brutal y las solicitudes no avanzan y el Ayuntamiento es cómplice de la Generalitat en la no aplicación de dicha ley porque no se presiona para que los ciudadanos de Valencia se beneficien de ella", comentó "No nos dejan entrar a una cafetería porque cuando llegamos siempre nos dicen que ya no les queda café y eso es una discriminación", se lamentaba Rosario Castillo en su silla de ruedas. Los familiares de estas personas dependientes aseguraron que están desesperados porque han realizado todos los pasos y todavía no les han concedido ninguna ayuda. "Nos exigen todo tipo de informes médicos, trámites y más trámites y aún así estamos a la espera de las ayudas", afirmó Palmira una madre que acudió con su hija. Entre los asistentes había tres jóvenes con parálisis celebrar y una con oligrofenia profunda. "No tenemos nada de ayuda y no podemos ir de vacaciones a ningún sitio porque nos rechazan", añadió la madre de María José, una joven que con 30 años, necesita constantemente la ayuda de una persona a su lado. La portavoz Carmen Alborch pidió que las administraciones públicas, con el dinero de todos, "garanticen el derecho a la autonomía personal de los dependientes y de sus familiares", comentó. La concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, negó que el Ayuntamiento no esté haciendo nada. "Esta Delegación ha remitido ya a la Generalitat 2.088 informes de valoración del entorno social dentro de la Ley de Dependencia, de los 2.479 informes solicitados, lo que supone un nivel de eficiencia del 84,2%. Estos datos demuestran que este Ayuntamiento no se está entorpeciendo en nada la Ley. Hay una gran labor de los funcionarios municipales y una gran falsedad en el Partido Socialista", aseguró la concejala. El concejal socialista Julio Such sin embargo, rechazó que la administración local y la autonómica apunten como "excusa que no hay dinero para cumplir la norma porque éste no llega desde el Ejecutivo central. Aseguró que "cuando acabe 2008, el Gobierno habrá destinado 177 millones de euros a la Ley de Dependencia para la Comunitat Valenciana".