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El 25 d"Abril, Dia de Les Corts, la Cámara valenciana celebró una recepción a las autoridades de la Comunitat. Ese mismo día, unos minutos antes, el Consell se reunió en sesión plenaria y acordó instar a todas las Conselleries a reducir la inversión y el gasto público. La medida, desvelada ayer por la diputada de Compromís Mireia Mollà, no es nueva y se ha llevado a cabo en otros ejercicios. Sin embargo, la decisión se suele tomar más avanzado el año, y no cuatro meses después de haber aprobado los presupuestos de la Generalitat. El asunto surgió durante la sesión de control al presidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Camps, en Les Corts. Los grupos de la oposición preguntaban al jefe del Consell por economía: por los planes de reactivación frente a la crisis, el PSPV, y por la deuda pública, el Compromís pel País Valencià.

La síndica de la coalición de izquierdas, Mónica Oltra, inquirió a Camps sobre los efectos que tiene el endeudamiento del Gobierno valenciano en su capacidad de inversión. El presidente de la Generalitat respondió que "ninguno" y que, de hecho, en los últimos años "no hemos hecho otra cosa que crecer", en inversión y en creación de empleo. En su intervención anterior ya había asegurado al portavoz del grupo socialista, Ángel Luna, que la proporción de deuda pública respecto al PIB (producto interior bruto) es la misma que hace cuatro años. Asimismo, explicó que en estos momentos se están llevando a cabo inversiones en la Comunitat por valor de más de 5.000 millones de euros y hay una previsión presupuestaria de 3.000 millones.

Sin embargo, Oltra insistió en la deuda del Consell, que es la primera de todo el Estado en términos relativos (sobre el PIB) y la segunda en términos absolutos (sólo superada por Cataluña, que tiene más habitantes), y afeó a Camps que le recuerda a "ese pariente" que llega a las reuniones familiares vestido a la última pero pidiendo dinero para pagar las deudas. El jefe del Consell replicó orgulloso que seguirá pidiendo lo que haga falta para los valencianos "con espardenya de careta y blusó" [sic]. Camps se defendió esgrimiendo los datos de las inversiones realizadas por los sucesivos gobiernos del PP en la Generalitat Valenciana. A saber: 1.960 millones de euros en Sanidad, 3.185 en Educación, 7.840 en infraestructuras y 11.500 en juzgados, universidades y otros servicios sociales.

Además, aseguró que, si el Gobierno central reconociese que en la Comunitat Valenciana viven cinco millones de personas, y así figurase en el modelo de financiación autonómica, en tres años habría desaparecido la deuda del Consell (entendida como déficit, ya que la deuda pública asciende a 11.500 millones de euros). Camps lamentó que los valencianos "somos los peor financiados", pero destacó que, aún así, "todos los días" se construyen colegios, hospitales e infraestructuras del agua. Elemento este último que le valió un abucheo general desde las filas de la oposición. Los parlamentarios de Compromís no se dieron por satisfechos con la respuesta y aprovecharon la question time (una de las novedades del recién reformado reglamento de Les Corts) para repreguntar al jefe del Consell. Fue en ese momento cuando la diputada Mireia Mollà (ex de EU y componente de Iniciativa del Poble Valencià) mostró el documento del acuerdo del Consell en el que se instaba a la revisión de las prioridades en el gasto.

En primer lugar, el texto obliga a las Conselleries a limitar "el reconocimiento de obligaciones" durante 2008, de manera que éstas no superen el 80 por ciento en el capítulo IV (gastos financieros, es decir, las cuantías dedicadas a pagar la deuda y los intereses de la deuda) y del 75 por ciento en los capítulos VI (inversión real) y VII (transferencias de capital, es decir, el dinero que se abona a otras entidades para inversiones). El objetivo es "asegurar los objetivos de contención del gasto público". El documento deja fuera de esta medida a los gastos de funcionamiento de los centros públicos hospitalarios y educativos, así como la prestación farmacéutica y de los servicios básicos en la educación concertada y universitaria. También están exentos del recorte los programas de acción social como la atención a la salud mental, el tratamiento de las drogodependencias y la integración de los discapacitados.

Asimismo, el acuerdo tampoco incluye las cuentas de Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Los límites citados no se aplicarán a los incrementos presupuestarios que se adopten después del acuerdo del Consell. El conseller de Economía, Gerardo Camps, explicó que no se trata de una limitación de la inversión, sino de "ciertas obligaciones". El responsable de las cuentas de la Generalitat lo justificó en la necesidad de garantizar "el cumplimiento de la tensión que produce el aumento de la población en el gasto social". También afirmó que, aún así, las inversiones públicas habían crecido un 2 por ciento en el primer trimestre de 2008, según se desprende de la información contable de la Generalitat. Además, aseguró que se han adoptado estos acuerdos en todos los ejercicios de los últimos años, incluso también cuando gobernaba el PSPV. Lo llamativo es que se tomara la decisión sólo cuatro meses después de aprobar los presupuestos de 2008.