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La primera detención por corrupción urbanística en la Marina Alta llega cuando el boom de la construcción parece tocado de muerte y los ingresos por licencias de obra en los Ayuntamientos caen en picado.

Dos políticos, alcalde y mujer fuerte del gobierno de Benitatxell, han provocado que este pequeño municipio costero cope las portadas de periódicos y titulares en televisión. La trama se destapaba el miércoles, un día después de que ambos fueran arrestados por agentes del área judicial de la Guardia Civil de Xàbia en una operación en la que también están implicados el arquitecto del Ayuntamiento y un abogado alemán quien, según los datos de la investigación, actuó como supuesto intermediario en la "compra" de una recalificación.

Si lo que ha trascendido se demuestra, el caso deja poca maniobra de defensa, puesto que gracias a la denuncia de un particular, la Benemérita fue testigo del supuesto delito. Los pasos de los implicados llevaban vigilados desde días atrás, pero la investigación dejó que el oscuro asunto siguiera su curso hasta poder constatar los hechos.

Siguiendo la versión facilitada por fuentes policiales, la raíz del delito empezó cuando un constructor dispuesto a vender sus parcelas supo que estas ya no eran urbanizables. Se entrevistó con el alcalde, Juan Cardona, y este le abrió las puertas para "arreglar" el asunto. La supuesta negociación la llevó un intermediario, quien le prometió en nombre del primer edil que, a cambio de 50.000 euros, sus propiedades volverían a ser aptas para construir.

Un pago en efectivo que debía de producirse cuando los papeles oficiales estuvieran modificados y firmados. Fue el martes al mediodía, en el local social de un campo de golf y estuvo supervisado por guardias, lo que presuntamente permitió saber que la concejala Hannelore Reindhorf también estaba al corriente del asunto.

Las detenciones fueron inminentes y sólo dos días después y tras prestar declaración en el juzgado, los implicados volvieron a pisar la calle y a protagonizar el pregón de las fiestas de Moros y Cristianos. Eso sí, imputados de un supuesto delito de cohecho y con la obligación de personarse cada 15 días en el juzgado.

Desde su puesta en libertad, los implicados niegan rotundamente las acusaciones y lamentan que el secreto de sumario les permita detallar qué ha pasado. Dicen que han sido víctimas de una trama y que lo único que han hecho desde que entraron en el Ayuntamiento ha sido trabajar por el bien del pueblo.

El alcalde afirma que sus vecinos están con él y no se plantea dimitir, sino que actúa con normalidad y dice tener "la conciencia tranquila".

Pero lo cierto es que en un pueblo de 4.500 habitantes se vuelve complicado saber qué piensa en realidad cada uno. Muchos no hablan con libertad sino que pesan más los lazos de amistad o familiares que les unen a los implicados. Se resisten a creer que Cardona, un vecino como ellos, nacido en el pueblo y conocido por todos pueda estar en este lío. Y eso que muchos asumen que la corrupción está presente en esta comarca litoral desde que el desarrollo turístico convirtió a la construcción en una manera de hacerse rico en poco tiempo.

El caso de Hannelore es diferente. Su nacionalidad austriaca, aderezada por un carácter fuerte y poco diplomático, hace que no disfrute de la misma comprensión de los ciudadanos y muchos ponen en cuarentena su credibilidad.

No obstante, ella también es arropada por los suyos. Y es que vive en un pueblo en el que dos tercios de la ciudadanía son residentes extranjeros como ella y como la mitad del gobierno de Benitatxell, controlado por el Pideb, una formación independiente formada en su mayoría por ex afiliados del PP. Según Reindhorf, algunos amigos tratan de tranquilizarla diciéndole que estas cosas son "normales en la manera de hacer política en España" pero la situación la supera y valora marcharse a su casa.

La principal baza en la defensa pública de ambos políticos es que Benitatxell no tiene todavía listo su Plan General y por tanto "es imposible recalificar terrenos" dice el alcalde. No obstante, el documento urbanístico tiene terminado el Concierto Previo que, tras años congelado, justo en estos días se expone públicamente y por tanto, está abierto a modificarse a través de alegaciones. Unas alegaciones que han de ser valoradas por los funcionarios municipales antes de presentar el documento definitivo.

La dilación de la justicia hará que pasen al menos tres años hasta que la causa sea vista para sentencia. Mientras, el respeto de la presunción de inocencia y la conciencia individual son las únicas armas sociales que decidan el futuro político de Benitatxell.