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La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, reunida en sesión extraordinaria, propuso ayer la adjudicación a Ortiz e Hijos del contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales, un servicio que costará al Consistorio 19,7 millones de euros por los dos años iniciales previstos en el pliego de condiciones.

Según ha podido saber este diario, durante la reunión se dio a conocer el informe técnico que sustenta la decisión de rechazar las alegaciones presentadas por la única rival de Ortiz en el concurso, la empresa Clece, del Grupo ACS. Tal y como se informó, cuando se celebró hace unas semanas la apertura de las proposiciones económicas de este contrato, la Mesa de Contratación rechazó la oferta de Clece, alegando fundamentales errores de forma. La mercantil calificó de «arbitraria» la decisión. Ahora se produce la contundente respuesta municipal.

El informe expone que la proposición de Clece «omite ochenta de las doscientas palabras que abarca el modelo de proposición establecido, abarcando el párrafo fundamental del mismo, es decir, aquel en el que se debe expresar la denominación de la licitación a la que se opta, la aceptación de las condiciones del contrato, la vinculación del licitador con su propia oferta y la expresión de los compromisos a contraer».

Aún más, el informe municipal recuerda, tal y como ya informó este diario, que la decisión de descartar a Clece en primera instancia es «acorde con la actuación histórica de este órgano (la Mesa de Contratación)». Tal es así que se han desechado hasta doce proposiciones de otros tantos licitadores, en once licitaciones diferentes, en el último año, «rechazadas por idéntico motivo que la que nos ocupa», añade. La Verdad recogió estos datos, que revelan que la propia empresa Ortiz e Hijos Contratista de Obras fue descartada en un concurso por esta razón. En concreto, se trató de las obras para el acondicionamiento de pistas deportivas en el Colegio Público San Nicolás de Bari.

Según la Mesa de Contratación, que ha asumido plenamente el informe, la acusación de arbitrariedad vertida por Clece «no tiene otro fin que encubrir la propia negligencia del licitador en la preparación del documento esencial de la licitación». En este sentido, sentencia: «El error cometido obliga a la Mesa a ejercer el siempre incómodo deber de desechar una proposición en cumplimiento de la ley. La arbitrariedad se habría cometido en el supuesto de admitir esta proposición defectuosa, contraviniendo la normativa de aplicación». La referencia permanente es al artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

No obstante, será ahora la Junta de Gobierno Local el órgano que decida de manera formal y definitiva, probablemente el próximo lunes, sobre las alegaciones de Clece y sobre la propia adjudicación del contrato. A la mercantil del Grupo ACS siempre le quedará el recurso contencioso administrativo.