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La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Etelvina Andreu, y la edil socialista Carmen Sánchez Brufal, denuncian que la empresa Ingeniería Urbana (Inusa), que gestiona la planta de tratamiento de residuos de Alicante, ha autorizado a la Unión Temporal de Empresas formada por las mercantiles Cespa y Enrique Ortiz e Hijos a que viertan basuras procedentes de la Vega Baja en la planta de Fontcalent. Una medida que no cuenta con el permiso del Ayuntamiento. Además, a juicio de las ediles del PSOE, esta autorización ha contribuido a que la empresa de Ortiz lograra en enero de 2008 la concesión de la obra y gestión de los residuos de la zona XVII, es decir de la planta situada en Torremendo, pedanía de Orihuela, por un periodo de 20 años.

Ambas concejalas señalaron que Inusa ha puesto a disposición de Cespa-Ortiz las instalaciones de la planta de Alicante durante el tiempo que dure la construcción de la planta de la Vega Baja para una cantidad de 150.000 toneladas anuales de basuras a un precio de 30 euros por tonelada más el IVA.

Andreu y Sánchez recuerdan que la planta de Alicante tiene una capacidad de tratamiento de 250.000 toneladas al año de basuras y que actualmente, según ha hecho público el concejal de Servicios y Mantenimiento, Andrés Llorens, se están trayendo hasta 375.000 toneladas anuales, por lo que se si se incrementan con las basuras que vendrán de la Vega Baja se están sobrexplotando las instalaciones y reducen la vida útil de la planta. Por ello, Brufal reclama al concejal de Servicio que le informe de si se ha autorizado a la empresa de Ortiz para incluir en la oferta presentada al concurso de la planta de la Vega Baja la disposición de las instalaciones municipales para el tratamiento de residuos.

Llorens, por su parte, ha hecho publico el escrito remitido a la edil del PSOE en el que manifiesta que no se ha autorizado a ninguna empresa para utilizar las instalaciones de Alicante. No obstante, reitera que "siguiendo el principio de responsabilidad compartida, no nos negamos a atender a otros entes públicos que lo necesiten, si bien tendrán que solicitarlo y en su momento lo autorizará o no según su criterio". Sin embargo en una carta remitida a Inusa en febrero de 2007 en respuesta a la solicitud de la mercantil para utilizar la planta, se asegura que "no hay razón objetiva que impida mantener la colaboración entre administraciones", que deberá de tramitar la solicitud.