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Vecinos afectados por el PAI Mestrets amenazan con arrancar los azulejos que componen los murales cerámicos de gran valor cultural e histórico de la pared de la vivienda conocida como La Pradera, obra del arquitecto castellonense Godofredo Ros de Ursinos. Los vecinos ya han recibido la notificación del proyecto de expropiación forzosa y denuncian la "falta de diálogo y de información" en la tramitación del PAI.

La Generalitat Valenciana ya ha comenzado a remitir a los afectados por el PAI Mestrets la notificación de la tercera reparcelación de los terrenos situados en las unidades de ejecución 87 UE-R y 83-UE-R y en los sectores 24-SU-R y 27-SU-R, lo que supone a su vez el inicio del proyecto de expropiación forzosa. Sin embargo, según denuncian los vecinos, en la documentación que les está siendo remitida desde el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) no se contemplan las alegaciones que presentaron al anterior expediente de reparcelación.

"Pedimos una serie de cosas y es como si ni siquiera hubiésemos alegado, porque no han hecho caso ni a una sola de nuestras alegaciones", expresan representantes de los vecinos afectados, que anuncian que aprovecharán el plazo de 15 días que establece la normativa para "presentar nuevas alegaciones, porque no estamos en absoluto de acuerdo con lo que nos ofrecen".

En ese sentido, los vecinos denuncian que el Consell también ha empeorado en la última notificación las condiciones que ofreció a los afectados en un principio. "Lo que nos dicen es que nos dan peores condiciones por nuestros terrenos de las que ofrecieron cuando salió el primer proyecto de reparcelación", aseguran.

A modo de ejemplo, explican que "cuando salió el proyecto, ofrecieron a los residentes abonar los gastos de urbanización en metálico en lugar de hacerlo a través de la cesión de sus terrenos, una condición que muchos vecinos aceptaron para no quedarse sin tierras". "El problema es que ahora, aunque abonen esos gastos, le van a expropiar igual sus terrenos, total o parcialmente", agregan.

En ese sentido, desde la asociación vecinal que agrupa a los afectados critican a su vez que "no se han establecido baremos equitativos para las diferentes parcelas y hay diferencias demasiado grandes entre parcelas de la misma extensión, características y zonas". "Por ejemplo, en casos de personas con parcelas de 800 metros de prácticamente las mismas características, a uno le dejan 750 metros de terreno y al de al lado 350, lo cual no es entendible".

Por lo que se refiere a la propuesta realizada recientemente por el vicealcalde y edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Javier Moliner, que ofreció a las personas que residen en el área donde está previsto habilitar zonas verdes la posibilidad de firmar un convenio para que puedan residir allí hasta que se ejecute, desde la entidad vecinal apuntan que "el problema es que si firmamos ese acuerdo renunciamos a la posibilidad de poder acudir a la vía judicial para defender nuestros derechos, cosa a la que no estamos dispuestos". Además critican la "falta de información y transparencia" que, a su juicio, ha caracterizado la tramitación del PAI. "Nos hemos enterado de la mitad de las cosas por la prensa, la gran mayoría de vecinos tenemos problemas de ansiedad y consideramos que no hay derecho a esto", dicen.