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Hoy mismo, mientras el lector lee esta noticia, en la sede de la empresa Flyaway SL pueden estar descorchando cantidades industriales de botellas de cava para brindar por una sentencia judicial. Cualquiera lo haría si le fueran a pagar un millón y medio de euros por un terruño de algarrobos que sólo tres años antes habían sido valorados en algo menos de 93.000.

Ésa es la decisión que ha adoptado e hizo pública ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV). Su Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso interpuesto por la mercantil contra la resolución dictada el 13 de mayo del 2004 por el Jurado Provincial de Expropiación de Alicante.

Ese organismo fijó en 92.798, 90 euros la indemnización para la propietaria de una parcela de 4.052 meros cuadrados que había sido expropiada por la entonces Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (Coput) para encauzar el barranco en el tramo comprendido desde la pedanía alicantina de Tángel a Mutxamel.

Los propietarios del suelo impugnaron esta decisión por varias razones, pero el TSJ sólo ha aceptado como válida una de ellas. Los magistrados sostienen que el jurado de expropiación motivó suficientemente la enajenación de la parcela y la Administración hizo lo propio con la utilización del procedimiento extraordinario de urgencia.