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La Junta de Jueces de lo Penal de Alicante instará al Ministerio de Justicia a que elabore un programa informático para las secciones penales de las Audiencias Provinciales que agilice la tramitación de las ejecutorias penales, es decir, de los documentos por los que se comunican las sentencias firmes. Esta decisión, que se elevará al Gobierno a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que también se refiere a los juzgados de lo penal y a los de guardia, es uno de los acuerdos alcanzados durante la reunión de la Junta de Jueces de lo Penal de Alicante .

Según informa este órgano en un comunicado, "es necesario" que estas dependencias judiciales "dispongan de una herramienta que les permita conocer de forma rápida si se han dado todos los pasos exigidos en la ejecutoria penal de un procedimiento". La aplicación de este programa posibilitará a los funcionarios de justicia tener "un control visual inmediato del trámite de cada ejecutoria" por lo que "diariamente conocerán el estado en el que se encuentra".

El programa informático también incorporaría un "sistema de alarma" que avisaría a los trabajadores si se olvidan de marcar en una ejecutoria la casilla que corresponde en cada momento y estaría conectado con los Servicios Sociales penitenciarios y con el juzgado de vigilancia penitenciaria, propiciando una comunicación directa y permanente.

Asimismo, solicitará a la Conselleria de Justicia que articule un sistema en la bolsa de interinos en la que se exija una formación previa en los distintos órdenes jurisdiccionales, con el fin de que los funcionarios que accedan a un órgano hayan realizado cursos formativos sobre ese área jurídica concreta.

En cuanto a las dependencias judiciales, la Junta de Jueces de lo Penal de Alicante ha reclamado la creación "inmediata" para el presente año de la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante en el orden penal, así como de los juzgados de lo penal número 8 de Alicante y número 9 en Alcoy.

También han exigido la puesta en marcha de los juzgados de los penal número 4 y 5 de Orihuela, este último con sede en Torrevieja, de los número 3 y 4 de Benidorm, y del número 10 de Alicante con sede en Elda. Unas peticiones que, según ellos, hacen referencia a "necesidades reales ajustadas a la carga actual de trabajo".