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El Consejo General del Poder Judicial constata que la Comunitat sigue siendo la última en número de jueces, lo que ocasiona una acumulación de trabajo y tramitación de casos muy por encima de la media. Más de un millón de asuntos judiciales se tramitaron el año pasado.

"No es victimismo. Las cifras del propio Consejo General del Poder Judicial avalan que la Comunitat sufre una clara discriminación". El último informe del CGPJ (La justicia, dato a dato) referente a 2007 fue la base sobre la que el conseller de Justicia lanzó la última andanada contra el Ministerio. Fernando de Rosa se apoyó en un documento que no deja lugar a la discusión: pese a estar entre las comunidades con mayor número de demandas por cada 1.000 habitantes, la Comunitat sigue viajando en el vagón de cola en cuanto al número de magistrados.

Ningún juez en todo el territorio nacional tiene tanto trabajo como uno destinado en Valencia, Castellón o Alicante: 2.342 casos al año (seis demandas al día) tiene que asumir cada uno de los algo más de 400 jueces y magistrados. Una cifra superior a la que soportan los togados en Madrid (2.303), Andalucía (2.245) o Murcia (2.088). Más de un millón de asuntos judiciales se tramitaron el año pasado en la región, la cuarta cifra más alta del territorio nacional, sólo superada en Andalucía, Madrid y Cataluña.

Pero, inexplicablemente, la clasificación se invierte si atendemos al número de magistrados existentes en la región. Como viene siendo habitual en los últimos años, la región aparece en este caso a la cola de los datos del Poder Judicial. Los 8,99 jueces por cada 100.000 valencianos nos convierten en la tercera autonomía con mayor déficit de representantes judiciales.

El porcentaje sólo es menor en Murcia (8,76 por ciento) y Castilla-La Mancha (8,24 por ciento). Las diferencias se hacen incluso mayores si se tiene en cuenta que estas dos autonomías, frente al millón de asuntos que contabilizaron el año pasado los juzgados valencianos, registraron una cuarta parte de dicha carga de trabajo, unos 250.000 casos por magistrado murciano o castellanomanchego, según el estudio del Consejo General del Poder Judicial.

Además, "ambas comunidades tienen mucha menos población que los cinco millones de habitantes que ha alcanzado ya la Comunitat", como apostilló De Rosa. Por contra, los datos del Poder Judicial cuestionan las críticas lanzadas a la Generalitat por la escasez de funcionarios judiciales. La Comunitat es la cuarta de España con mayor proporción de empleados públicos por cada magistrado (8,98). El exceso de trabajo que sufren los responsables de la justicia en Valencia no acaba en un soberano colapso judicial porque los magistrados se aplican en evitarlo. Otra de las afirmaciones que permite hacer el informe del CGPJ es que los togados valencianos se cuentan entre los más trabajadores de toda España.

La Comunitat es la cuarta región con mayor número de asuntos resueltos (1.004.583 en 2007), sólo superada por Andalucía, Madrid y Cataluña. "Hay que reconocer este esfuerzo", subrayó el conseller de Justicia. Ello no impide, sin embargo, que la Comunitat sea una de las que mayor atasco registra. Los 310.000 asuntos pendientes al finalizar 2007 sitúan a los tribunales valencianos en los cuartos con mayor pendencia de España, frente a los 430.000 de Andalucía, los 368.000 de Cataluña y los 364.000 de Madrid.

El informe del Poder Judicial, valorado en rueda de prensa por Fernando de Rosa, ha sido objeto de análisis por el responsable del Observatorio de Justicia de la Comunitat, el fiscal José Cabré. Y su examen arroja otra prueba de la discriminación que sufre la Comunitat. Entre 2006 y 2007, el número de jueces por cada 100.000 habitantes se redujo un 2,28 por ciento con respecto a la media nacional. Ello fue debido al aumento poblacional, no correspondido con una mayor dotación de juzgados por parte del Ministerio.

"Igual que desde el Consell reclamamos más policías para mejorar la seguridad, insistimos en pedir más magistrados para una mayor gestión de las soluciones dadas a los delitos", explicó el responsable autonómico de justicia.

Por contra, el Gobierno autonómico fue el que más incrementó el año pasado (de entre las comunidades con competencias en la materia) el presupuesto destinado a justicia: un 18 por ciento más. El porcentaje dobla el 9 por ciento de incremento del dinero destinado por el Ministerio a este mismo menester.

No obstante, el presupuesto del Consell en materia de justicia sigue estando por debajo del de otras autonomías de primer orden como Andalucía, Cataluña y Madrid, por este orden las que más dinero depositan en esta competencia. Una buena parte del 18 por ciento de aumento de la inversión del Gobierno autonómico en el área judicial se fue hacia la justicia gratuita. La cada vez mayor solicitud de abogados de oficio por parte de los ciudadanos con menos recursos ha hecho que de los 11 millones empleados en este sector en 2006 se pasara a 17 millones el pasado año.

"La alta litigiosidad en la región queda demostrada también con el elevado número de profesionales que viven de su trabajo en torno a la administración de justicia de la Comunitat". De Rosa se refería así al hecho de que la región esté también a la cabeza nacional en cuanto a la cantidad de letrados y procuradores que desarrollan su labor en nuestro territorio.

Los 11.425 abogados que constaban como colegiados el año pasado en la Comunitat convierten a la autonomía en la cuarta con mayor número de estos profesionales de toda España. El incremento de la cifra de letrados el pasado año en la región fue del 2,17 por ciento. Lo mismo ocurre con los procuradores. Los 906 registrados en 2007 hacen que el territorio valenciano sea el tercero con mayor presencia de este colectivo.

La comparecencia del conseller tuvo su respuesta desde el partido de la oposición. El diputado socialista Antoni Such lamentó que el Consell "tenga dos varas para la justicia: la que se le aplica al presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra, y al resto de los valencianos".

Such instó al Partido Popular a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial "para que se resuelvan los problemas del juzgado de Nules donde el caso Fabra lleva paralizado cuatro años". El diputado socialista acusó a la Generalitat de "pervertir la justicia y promover el privilegio para los dirigentes del PP".