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La Conselleria de Medio Ambiente ha decidido dejar en suspenso el expediente sancionador abierto a las dos empresas implicadas en el incendio que a finales del pasado mes de agosto calcinó 5.500 hectáreas de la comarca de L’Alcalatén. El departamento autonómico que dirige José Ramón García Antón sólo paraliza el expediente hasta que se resuelva la vía judicial, después de que el Consell decidiera presentarse como acusación particular en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón.

"El expediente sancionador sigue una vía administrativa que no tiene sentido mantener abierta mientras el caso está en el juzgado. Una vez se resuelva estudiaremos si corresponde retomar el trámite administrativo", manifestaron fuentes del departamento autonómico.

Esta decisión supone un nuevo cambio de rumbo en la estrategia de la Generalitat, la tercera desde que la administración investiga la supuesta responsabilidad de las empresas implicadas en el incendio de L’Alcalatén.

En un primer momento, la Conselleria de Medio Ambiente manifestó que no acudirían a los juzgados hasta no finalizar el expediente sancionador contra Iberdrola y la subcontratada Montelpa abierto el 14 de septiembre. Ese día el Consell aprobó iniciar el expediente para dilucidar si existe una presunta infracción de la Ley Forestal y del pliego de normas de seguridad en prevención de incendios forestales, que deben aplicarse en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terrenos forestales.

El incumplimiento del contenido de la Ley Forestal está considerado como "muy grave" por la propia norma y lleva aparejada una sanción que oscila entre los 18.030 y los 180.303 euros.

Las investigaciones realizadas hasta ese momento por los agentes medioambientales adscritos a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana constataron que se estaban realizando trabajos de mantenimiento en una torre eléctrica cuando comenzó el incendio, el pasado día 28 de agosto.

Según explicó el Consell, "en la realización de estos trabajos se utilizó una radial que no disponía de las defensas correspondientes para evitar la proyección de las chispas que causaron la ignición de los combustibles forestales que se encontraban justo al pie de la torre eléctrica".

Al término del pleno del Consell que aprobó el inicio del expediente a Iberdrola y Montelpa, el vicepresidente segundo y conseller de Economía, Gerardo Camps, subrayó que la Generalitat "tiene la responsabilidad de instruir un expediente administrativo para fijar las responsabilidades que puedan existir", pues "si acudiera directamente a los tribunales, estaría faltando a su deber".

Camps señaló entonces que sólo acudirían a los juzgados si, al término de este expediente, se desvelasen indicios de delito en los trabajos realizados en la torre.

Cinco días después, la Generalitat se personó como acusación particular en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Castellón por un delito de incendio. Una acción que no se dio a conocer hasta días después, cuando la Fiscalía de Castellón anunció una investigación sobre el incendio. La Generalitat concibió entonces que también era parte perjudicada en el siniestro y decidió participar en la vía judicial.

Según explicaron en su día desde el gabinete de Presidencia, este nuevo camino no suponía el cierre del expediente sancionador, sino que éste continuaría su trámite paralelamente junto con la vía judicial.

Ahora, la Generalitat ha dado un nuevo giro a su actuación en la investigación de las causas que provocaron el devastador incendio y la supuesta responsabilidad por parte Iberdrola y Montelpa al paralizar temporalmente el expediente sancionador. El juzgado de Instrucción nº 2 continúa con los trámites de la investigación.