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Ocho de mayo de 1987. Nace la Caja de Crédito de Alcoy, una nueva entidad crediticia que capta el interés de los ahorradores vendiendo su alcoyanía. Y lo hace en un momento en el que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alcoy se había fusionado con otras entidades bancarias. Además de promocionarse como una entidad financiera puramente alcoyana, la Caja de Crédito ofrecía unos intereses un punto más alto que la competencia.

Con esta estrategia logró atraer el dinero de miles de alcoyanos, algunos de los cuales invirtieron todos sus ahorros en una nueva entidad que se fundó con un capital de 50 millones de pesetas, según explica el presidente de la comisión de afectados por la quiebra de la Caja de Crédito, Enrique Rodes. Sin embargo, la falta de dinero en efectivo –la mayor parte del capital se cubrió mediante avales– fue una de las causas que precipitó la suspensión de pagos y posterior quiebra, declarada fraudulenta en 1999.

Fue en junio de 1993, hace ya catorce años, cuando la Caja de Crédito de Alcoy anunció la suspensión de pagos, que se hizo efectiva un año después. En 1995 se declaró la quiebra y tres años después el juzgado de primera instancia número 2 de Alcoy la calificó como fraudulenta, algo que confirmó la sección quinta de la Audiencia Provincial de Alicante en 1999.

Según la calificación del fiscal, la bancarrota de la Caja "se debió a la actuación" directa del director y de la subdirectora de la entidad, que tenían "amplios poderes de gestión y representación". Además, responsabiliza a dos de los miembros del Consejo Rector y al director de la única oficina, que "no pusieron objeción alguna" a las operaciones que "entrañaban un altísimo grado de morosidad" y que llevaron a la quiebra, "con el menoscabo originado a más de 1.500 personas, que habían confiado sus ahorros a la entidad".

El caso de la Caja de Crédito de Alcoy sentará en el banquillo a diez acusados y en él declararán 37 testigos y cinco peritos. Esta misma semana, la Audiencia Provincial de Alicante confirmó que el fiscal jefe, José Antonio Romero, asumirá la representación de la acusación pública en este juicio.

La vista oral comenzará el 22 de enero con las cuestiones previas, seguirá el 23 con el interrogatorio de los diez acusados y a partir del 24 declararán los 37 testigos. Los días 6 y 7 de febrero se celebrarán las pruebas periciales y los días 12, 13 y 14 se leerán las conclusiones y los informes, según fuentes de la Audiencia Provincial.

Esto es posibles gracias a que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcoy finalizó recientemente –y antes de lo previsto– la instrucción sumarial y la remitió a la Audiencia Provincial.

Acusados

Los acusados son el director general, la subdirectora general, siete miembros del Consejo Rector y el director de la única oficina de la caja. El fiscal pide para cada uno de ellos una pena de seis años de prisión, así como una multa de 360.000 euros por un delito de insolvencia punible. Asimismo, en su escrito de acusación pide que los imputados indemnicen, conjunta y solidariamente, "a la masa de acreedores de la entidad quebrada" con 2.645.911 euros, cifra que resulta de restar a los 3.770.828 euros de morosidad de la caja la cantidad de 1.124.917 euros recuperados por la administración.

Gracias a la intervención de la Generalitat, y en concreto al Instituto Valenciano de Finanzas, en el año 1994 se les realizó a las personas afectadas un primer pago, que supuso el 42% de los depósitos que tenían en la entidad crediticia. Por último, en marzo de 2005 cobraron una segunda parte de sus ahorros, concretamente el 18%, que suponía 540.000 euros.

El presidente de la comisión de afectados por la quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoy, Enrique Rodes, ha mostrado su satisfacción por el señalamiento del juicio para el próximo mes de enero. Los ahorradores perjudicados confían en que se haga justicia tras más de catorce años de lucha, sentencias y recursos judiciales. Recuperar sus ahorros es su objetivo.