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Los grandes proyectos se le atragantan a Alperi
11:30:04 - 17/04/2008VMT -Las actuaciones están paralizadas desde que Castedo dirige Urbanismo, salvo el tranvía, que lo ejecuta el Consell
Alicante está levantada por las obras. Las actuaciones de la iniciativa pública para la implantación del tranvía y la ampliación de la avenida de Dénia, que acomete la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, o la urbanización de espacios como la construcción del Bulevar de Carolinas, que realiza el propio Ayuntamiento, mantienen las calles cortadas y los desvíos de la circulación y los atascos de coches son continuos. Una situación que se prolonga ya varios años y que ha provocado que los vecinos y asociaciones ciudadanas hayan expresado sus quejas por las molestias y contratiempos que les suponen estas actuaciones en la vía pública.
Esta situación ha motivado las críticas de la oposición municipal y de colectivos ciudadanos que culpan al alcalde, Luis Díaz Alperi, y a la edil de Urbanismo, Sonia Castedo, de desidia ante los problemas que se acumulan en la ciudad, y de estar más preocupados en la reforma de la Gerencia de Urbanismo, que ha sido contestada por los técnicos municipales y ha creado un malestar creciente entre los funcionarios por considerar que se pretende controlarles para que obedezcan los criterios de la edil. También les acusan de dejar pasar en el tiempo proyectos como la construcción del Palacio de Congresos, de la Ciudad de la Justicia, la Vía Parque, o la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que debe definir el futuro desarrollo de la ciudad.
Un proyecto este último que lleva ya ocho años de tramitación, que le ha costado al Ayuntamiento más dos millones de euros y que aún está sin acabar. Un largo proceso de redacción que inició el urbanista Lluís Cantallops, quien tras continuos enfrentamientos con el alcalde entregó su propuesta de ordenación en 2004 y que, después de un periodo en el olvido, se retomó por los técnicos municipales ayudados por dos arquitectos alcoyanos, Francisco Picó y José Vicente Jornet, con los que no se hizo ningún contrato.
Ahora es la empresa Laboratorios de Proyectos, presidida por José Jesús Quesada, la que trabaja en la adaptación de toda la documentación existente a la legislación actual. Trabajos que, según la edil de Urbanismo, estarán acabados en julio para tramitar su aprobación y exposición pública antes del mes de octubre, fecha en la que acaba la prórroga otorgada por la Conselleria de Urbanismo para que esté finalizada la revisión del PGOU.
Pero no es sólo este proyecto el que se le atraganta a Alperi. También la construcción del Palacio de Congresos, especialmente porque la propuesta inicial de hacerlo en la ladera del Benacantil la rechazaron los tribunales de Justicia, y ahora porque el nuevo proyecto de urbanización de Sangueta tardará más de un año en aprobarse. El alcalde tendrá que negociar con el Puerto y Patrimonio del Estado la adquisición del suelo que ambos organismos tienen en la zona donde se construirá el centro de Congresos.
Además, Alperi tiene aún pendiente de solucionar el proyecto de construcción del parking de Padre Esplá, al que se oponen los vecinos y que, junto a los de la avenida Catedrático Soler y Hermanos López de Osaba, se adjudicó a la empresa de Enrique Ortiz. Una actuación que pasa necesariamente por la realización de un estudio de seguridad de los edificios que se hallan en la avenida de Padre Esplá y que ha sido adjudicado a la empresa Europatologías S. L. que se encargará de analizar el estado de conservación de los inmuebles que pueden verse afectados por las obras del parking como exigen los vecinos.
La Ciudad de la Justicia, en los terrenos del antiguo cuartel de Benalúa, es también, junto con el soterramiento de las vías del tren, dos actuaciones que se le han puesto cuesta arriba a Alperi. La primera porque aún no ha cedido a la Conselleria de Justicia el suelo para poder ejecutar las obras de la nueva Audiencia Provincial. En el segundo caso, porque falta aún por aprobar la urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento. Cuestión ésta que ha sido motivo de controversia entre el Ministerio de Fomento y el alcalde, que se han acusado mutuamente de paralizar este importante proyecto.
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