Noticias Ya.com

Abandonados a su suerte. Así quedan en la mayoría de los casos las personas que sufren una enfermedad mental y han cumplido una medida de seguridad en un hospital psiquiátrico penitenciario cuando salen a la calle, según las reiteradas denuncias formuladas por jueces, fiscales y un sinfín de expertos en esta materia.

España cerró hace décadas sus antiguos manicomios penales para sepultar la leyenda negra que arrastraban desde el siglo XIX, pero no creó estructuras intermedias ni alternativas que los sustituyeran a excepción de los recintos carcelarios específicos de Sevilla, Cataluña y Alicante.

El brutal parricidio perpetrado el pasado lunes en la localidad murciana de Santomera ha puesto de actualidad este viejo debate. ¿Quién se hace cargo de estos ex internos? ¿Qué organismos o profesionales controlan que siguen tomando la medicación contra su patología? ¿Con qué apoyos institucionales cuentan?

Las respuestas a todas estas preguntas resultan desalentadoras. La carencia de recursos públicos especializados en estos enfermos que han cometido algún delito es total y se ha perpetuado a lo largo del tiempo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, alertó de esas deficiencias en su última memoria anual al transcribir la opinión del Ministerio Público de Alicante, donde radica el hospital psiquiátrico penitenciario de referencia en el conjunto del Estado: "El problema de plazas en centros civiles surge tras la reforma psiquiátrica que modificó la concepción asilar tradicional. Las nuevas unidades hospitalarias de agudos, de los Servicios de Salud de las comunidades autónomas, no pueden asumir funciones residenciales, sino que están concebidas para periodos cortos de tiempo destinados exclusivamente a afrontar la crisis de la enfermedad, no respondiendo a problemas de custodia prolongados sino a aspectos exclusivamente sanitarios".

Es frecuente que los psiquiatras del hospital penitenciario, la juez y el fiscal de Vigilancia propongan el traslado de un interno a un hospital civil para seguir el tratamiento porque no es peligroso. Ahí comienza el periplo. Puede que el juez que sentenció al reo no considere adecuado el recurso externo elegido. O puede que sí, que dicte un auto ordenando su salida pero éste no pueda ser ejecutado al no encontrarse una plaza disponible, por lo que el enfermo debe seguir recluido en las instalaciones carcelarias.

"No se ha tomado en consideración los problemas que tenemos con los enfermos mentales. Es un colectivo grande e importante que suele generar angustia entre sus familiares y vecinos", afirma uno de los fiscales responsables de las prisiones alicantinas Pablo Gómez-Escolar.

Su estudio El juez de Vigilancia Penitenciaria y las medidas de seguridad es demoledor. En él sostiene que el panorama actual "no es muy esperanzador". En su opinión, "la dimensión nacional del problema exige que Instituciones Penitenciarias establezca convenios de colaboración y protocolos de actuación con las distintas Comunidades Autónomas para evitar que una vez extinguida la medida de seguridad, los sujetos externados queden abandonados a su suerte".

O a la de sus familiares, que son finalmente quienes asumen la protección y el control de estos ex presos con el riesgo potencial para sus propias vidas.

"En la legislación española no existe la cadena perpetua ni la pena de muerte y estas personas tienen que salir de los psiquiátricos penitenciarios", advierte por su parte con una lógica aplastante la juez de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, Montserrat Navarro.

La magistrada ha puesto de relieve muchas veces la necesidad de reforzar la red asistencial civil para hacer frente a "este problema sociosanitario". Las administraciones central y autonómicas, sin embargo, se han acostumbrado a hacer oídos sordos.

El caso de Santomera es un claro ejemplo de esas carencias sin resolver. El detenido salió del Psiquiátrico de Fontcalent tras cumplir su pena, pero no tenía a donde ir. Su madre, hacia la que tenía una orden de alejamiento, fue la única que le acogió.