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Sí al traslado de la subestación de Patraix, aunque sin definir plazos ni quién pagará las obras. Esa es la principal conclusión a la que llegaron representantes de la plataforma vecinal contraria a la instalación eléctrica tras reunirse con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El encuentro se fraguó hace apenas unos días, para culminar ayer en la Delegación del Gobierno, después de que De la Vega asistiera a la firma de un convenio para rehabilitar el Mercado Central y antes de entrevistarse con la asociación de afectados por la pantanada de Tous.

Uno de los portavoces de la entidad vecinal, Tomás Frutos, se mostró satisfecho porque fueron recibidos por la vicepresidenta y más tras escuchar sus buenas palabras de alcanzar un pacto final que acabe con una polémica nacida hace ya varios años y que se agudizó con el decreto de cierre de la subestación aprobado por el gobierno municipal, el 15 de mayo de 2007.

De la Vega habló de "unas semanas" aunque el proceso está bloqueado a la espera de que el Ministerio de Industria informe sobre si acepta la propuesta del Consistorio. Esta iniciativa, votada por unanimidad en un pleno municipal, consiste en trasladar la subestación a un solar situado entre el Cementerio General y la V-30, destinado inicialmente para la ampliación del camposanto.

La vicepresidenta se comprometió con los vecinos a encontrar una solución a la reubicación de la subestación. Aunque evitó avanzar quién pagará los costes del traslado de la planta, la portavoz del Ejecutivo central garantizó que se estudiarán todas las posibilidades.

Frutos dijo que la previsión más optimista es lograr un acuerdo antes incluso de que se resuelvan los recursos judiciales pendientes. De memoria habló de cuatro, tanto por la licencia de obras como la de actividad, así como por la línea de alta tensión que conecta la subestación con la red de suministro.

De manera paralela, sigue también abierto el recurso presentado por Red Eléctrica e Iberdrola (copropietarias de la planta) contra el cierre de la subestación. La clausura ordenada por la alcaldesa Rita Barberá se debió a la explosión registrada en una de las salas, que se saldó con diversos daños materiales aunque sin heridos.

Tras la reunión, la vicepresidenta del Gobierno afirmó que, "en unas semanas", esperaba que las partes implicadas llegaran a una solución "adecuada" para el traslado de la subestación. Así, instó explícitamente a Iberdrola, Red Eléctrica Española, Ministerio de Industria y Ayuntamiento a dialogar con ese objetivo. Para ello, además, garantizó que estudiará a fondo el dossier que le había remitido la plataforma vecinal contra la subestación.

Dos son los asuntos claves en esta negociación: la ubicación de la nueva planta y los gastos del traslado. Sobre el primero, garantizó que se buscará el emplazamiento "más adecuado", a partir del que el Ayuntamiento ha propuesto. Una vez tomada esa decisión, habrá que valorar el coste que tendrá cambiar la planta de lugar.

Así, sobre el segundo aspecto, Fernández de la Vega evitó comprometer la financiación del traslado por parte del Gobierno. La vicepresidenta reconoció que este asunto había surgido en las reuniones de ayer, tanto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como con los representantes de la Plataforma contra la subestación, pero que no se había resuelto aún. Sin embargo, garantizó a los vecinos que el cambio de ubicación se llevará a cabo y "habrá financiación", aunque puntualizó que habrá que determinar "a quién corresponde" correr con los gastos.

Pero el asunto que llevó a De la Vega a reunirse con Barberá fue asistir a la firma de un protocolo para la reforma de la pescadería del Mercado Central. Con una capacidad de 80 puestos, las obras consistirán en demoler todas las paradas hasta los cimientos, impermeabilizar el pavimento (ahora se filtra agua al sótano) y mejorar todas las instalaciones generales, como el cableado eléctrico.

De los cuatro millones de euros, el Gobierno aportará la mitad, mientras que el resto se repartirá a partes iguales entre el Ayuntamiento y la Generalitat. La rúbrica del documento correspondió por parte del Ejecutivo a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

El presidente de la asociación de vendedores, Vicente Gimeno, ironizó diciendo que el acuerdo "podía haber llegado antes", aunque aplaudió el deseado consenso para llevar adelante las obras.

Estas fueron prometidas a los comerciantes durante la campaña de las últimas elecciones generales. El resto del edificio modernista ya está reformado casi por completo, a falta de pequeñas intervenciones.

Corredor apuntó una visita al recinto para inaugurar dichas obras, que han supuesto la modernización de todo el mercado, tanto en limpieza de fachadas, cubiertas como en servicios para los vendedores.

Acerca de la pescadería, los puestos no serán trasladados fuera, sino que rotarán dentro de la sección conforme avance la intervención, todavía sin un inicio conocido.

Así se quiere evitar un perjuicio mayor para los vendedores, quienes también sufrirán en los próximos meses por las obras de la estación de metro del Mercat, en la plaza Ciudad de Brujas. Estos días se acometen las catas arqueológicas.