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A cuatro días del final de curso escolar, los colegios de la Comunitat se encuentran en la difícil tesitura de la organización para su aplicación en septiembre de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

A los anunciados recursos contra la orden de la Conselleria de Educación para que se imparta en inglés y en modalidad presencial o de trabajos trimestrales, se suma una nueva iniciativa.

El Sindicat de Treballadors de l"Ensenyament (STE), organización sindical mayoritaria en la enseñanza pública, está remitiendo a los colegios un escrito para que los centros escolares no apliquen la orden de la Conselleria de Educación.

En definitiva están solicitando que los centros educativos se conviertan en objetores de la asignatura tal y como la ha diseñado la administración autonómica.

Vicent Mauri, secretario de organización del STE-PV, señaló ayer a LAS PROVINCIAS, que la organización se está movilizado en tres frentes de actuación. Por un lado se ha cursado por escrito una solicitud a la Conselleria para que remita al profesorado "las instrucciones sobre cómo debe aplicar Educación para la Ciudadanía". También que informe a los centros "sobre las consecuencias jurídicas que puedan derivar de las actuaciones ante los tribunales de justicia", indicó.

Una segunda actuación es la que el sindicato ha dirigido a los profesores a los que mediante una carta les solicita que no apliquen la orden de Ciudadanía aprobada por la Conselleria. Según señaló Mauri, "les pedimos que si no tienen garantías jurídicas de la legalidad de la normativa, no apliquen la orden".

Añadió que corresponde a Educación "responsabilizarse de las consecuencias jurídicas que pueda tener la aplicación de una norma ilegal". Y se preguntó qué va a pasar si los tribunales invalidan la orden de Conselleria después de aplicada y si podrán recurrir los padres, profesores y colegios afectados por la implantación de la nueva asignatura según la ha redactado el Gobierno valenciano.

El tercero de los frentes sobre los que actúa el STE es el recurso que están preparando los servicios jurídicos de la organización sindical para presentar de inmediato. El documento se basa en tres aspectos: "El currículum no se ajusta al aprobado por el Gobierno central, que se imparta en inglés y que va en contra de la autonomía del centro y la libertad de cátedra del profesorado", señalo el responsable del sindicato de enseñanza. El STE no es el único organismo que acude a la vía de lo contencioso-administrativo para evitar la aplicación. CC. OO. lo hizo la semana pasada pidiendo, además, al TSJ la paralización cautelar.