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Viguer apunta que el notable auge de estas reclamaciones no sólo responde a cuestiones económicas. "En 2001, cuando entró en funcionamiento la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, era un procedimiento poco conocido, pero ahora ya está muy extendida su utilización", sobre todo entre las pequeñas empresas.

Más allá de esa interpretación, el aumento de las reclamaciones económicas de pequeña y mediana cuantía también se han incrementado un 41 por ciento en el último año, con un total de 2.508 casos registrados por los juzgados de Valencia.

Pese a estas elevadas cifras, el juez decano calificó de "altamente satisfactoria" la situación de los juzgados civiles de la capital. La nueva normativa ha permitido pasar "de un procedimiento medieval a uno ágil y primordialmente oral". Ello permite que la mayoría de las veces transcurran apenas dos meses entre la interposición de la demanda y la celebración del juicio.

Los asuntos recibidos por los juzgados civiles de Valencia aumentaron en casi todos los frentes. En líneas generales, las 34.908 demandas recibidas en 2007 (sin incluir a los juzgados de familia) suponen un auge de los pleitos del 5 por ciento con respecto a 2006. Desde 2001, estas cifras no han dejado de aumentar, con una subida acumulada del 50 por ciento.

El representante de los jueces destaca la creación en 2008 de un nuevo juzgado de primera instancia, "pues no se hacía desde 2001". Anuncia su puesta en marcha "en unos meses" y fijó en diciembre la fecha aproximada en la que echará a rodar el juzgado de incapacidades

El decano también repasa el balance de los juzgados de lo mercantil. Tampoco quiere definir su situación de alarmante, pero sí de "preocupante". El aumento del 40 por ciento en el número de asuntos (al pasar en un año de 1.393 a 1.956) y el hecho de que estos órganos traten "asuntos de gran repercusión económico" lleva al decano a calificar como "necesario" la creación del tercer juzgado de lo mercantil en Valencia.

Basta con acudir a los baremos del Consejo General del Poder Judicial para considerar justificada la petición de Viguer. El CGPJ considera idóneo que cada juzgado mercantil trate un máximo de 350 casos al año, al tratarse de procesos "tremendamente complejos". La media de los dos órganos mercantiles de la capital está muy alejada de lo deseable: 766 asuntos por magistrado.

La comparación con el resto de España también justifica la exigencia del decano. Los dos juzgados mercantiles de Valencia deben asumir la carga de trabajo de toda la provincia, con cerca de 2,5 millones de habitantes. La misma cantidad de órganos que poseen Pontevedra, Palma de Mallorca, Oviedo, Bilbao o Alicante, cuando ninguna llega a los dos millones de habitantes de Valencia.

Nunca antes, desde 2001, se habían recibido en los juzgados de Valencia más reclamaciones por hipotecas impagadas. Es lo que se conoce como ejecuciones de préstamos hipotecarios. El año pasado, 549 familias valencianas tuvieron que enfrentarse al duro trance de ver cómo los agobios por pagar la hipoteca se convertían en imposibilidad y el banco acudía a los tribunales para hacerse con su vivienda.

Evitando términos alarmantes, el juez decano de Valencia califica la situación de "sorprendente" y "espectacular". Los impagos de hipotecas han ido aumentando exponencialmente en los tres últimos años: 243 casos en 2005, 301 en 2006 y 549 en 2007. La cifra casi se ha triplicado en sólo tres años.

Pedro Viguer quiere suavizar unas cifras que hablan por sí solas. La situación "no es preocupante" teniendo en cuenta los casi 600 casos dentro de una población censada en Valencia de unos 800.000 habitantes. Pero el aumento porcentual no puede ser más contundente.

La ralentización de la economía y los tipos de interés son dos de los elementos que han influido en este notable incremento de las ejecuciones de préstamos hipotecarios: "No cabe duda que todo ello influye, además de que los ciudadanos antes tenían más oportunidad de renegociar sus créditos y alcanzar un acuerdo antes de llegar al juzgado".

No es el único dato salido de los juzgados y que prueba la reversión de la coyuntura económica. La estadística del pasado año revelada ayer en rueda de prensa por el juez decano deja sobre la mesa otra cifra llamativa: en siete años se han triplicado los procedimientos monitorios, es decir, las reclamaciones de deudas o créditos de pequeña o mediana cuantía, hasta 30.000 euros.