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La reserva de suelo en Els Ports en favor del Estado como posible área de almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) ha abierto el debate en torno a una técnica que está empezando a dar sus primeros pasos en España. El registro de esta zona de Els Ports -afecta a municipios como Olocau, Portell o La Mata- "no quiere decir que se vaya a ejecutar dicho depósito y, en caso de hacerlo, será a medio o largo plazo", subrayan fuentes del Ministerio de Industria.

De ejecutarse, la construcción de este almacén de CO2 para combatir el cambio climático obligaría a construir una red de ceoductos -al igual que ocurre en la actualidad con los gasoductos- para conectar este depósito con la planta de captura o secuestro del dióxido de carbono.

Pedro Otero, director técnico del programa de captura de CO2 de la Fundación Ciudad de la Energía de Ponferrada -donde está previsto que en 2009 se inaugure una planta piloto de captura y secuestro del dióxido de carbono a través de oxicombustión-, explicó que "el lugar de almacenamiento puede estar a 200, 300, 1.000 kilómetros o más de la planta donde se capture el CO2. Tan sólo sería necesario impulsar una red de ceoductos a semejanza de las conducciones actuales de gas natural".

Aunque "lo ideal", en palabras del propio Otero, "sería que los focos emisores de dióxido, la planta de captura y secuestro del dióxido de carbono y el almacenamiento estuvieran en el mismo lugar, pero será muy difícil que coincidan las tres condiciones", subrayó.

En cuanto a la localización de los depósitos de almacenamiento de dióxido de carbono, los expertos consideran como zonas idóneas los yacimientos de petróleo y gas natural (vacíos o en producción); los acuíferos salinos profundos o capas de carbón no explotables.

Otero apuntó que, según los estudios publicados hasta el momento, "se el almacenamiento se sella correctamente no parece que haya que tener gran preocupación por posibles impactos ambientales futuros". El responsable del programa de captura de CO2 de la planta de Ponferrada insistió en que "se buscan los emplazamientos con las condiciones idóneas, como zonas impregnadas de agua salina profundas, para que el dióxido de carbono inyectado se disuelva y permanezca en esa trampa geológica durante millones de años".

La pretensión es tomar el dióxido de carbono que sale de las chimeneas de las centrales térmicas o que generen las industrias y, en vez de lanzarlo a la atmósfera, inyectarlo bajo tierra a suficiente profundidad para que quede sellado e inerte.

La reserva de suelo de las 2.700 cuadrículas mineras situadas entre Els Ports y la provincia de Teruel, en aplicación se la Ley de Minas, se publicaba el viernes 8 de febrero en el Boletín Oficial del Estado (BOE), junto a otras nueve en toda España, a propuesta de la Fundación para Estudios sobre la Energía, entidad encargada de determinar los posibles enclaves de estructuras subterráneas para los almacenamientos con los que se pretende combatir el efecto invernadero.

Este programa se enmarca dentro de los objetivos del protocolo de Kyoto de reducción de gases contaminantes a la atmósfera para luchar contra el cambio climático. El trabajo lleva dos años desarrollándose por parte de distintos organismos oficiales, entre ellos, el Centro de Investigaciones Energéticas, medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).

De acuerdo con los estudios ya publicados sobre esta alternativa para luchar contra el cambio climático, los almacenes más habituales son minas abandonadas, pozos petrolíferos antiguos o, incluso acuíferos inservibles o zonas marinas, dado que la profundidad del depósito debe ser superior a los 800 metros.

Los alcaldes de los municipios en los que podría habilitarse en un futuro este almacén de CO2, como Olocau del Rei y Portell de Morella, expresaron su "desconcierto" por la decisión de reservar suelo de sus términos municipales para este fin. Además, confirmaron la presencia años atrás de personal técnico que decía buscar yacimientos petrolíferos en la zona.