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La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias en relación con la denuncia presentada por la Plataforma en Defensa del Puerto de Alicante contra el proyecto de construcción de varios silos de cemento en la zona sur de ampliación del Puerto de Alicante. Fuentes de la Fiscalía así lo confirman y explican que se ha solicitado información tanto a la Generalitat, como a la Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento, sobre estos proyectos empresariales que han sido rechazados por numerosos colectivos ciudadanos y han motivado varias manifestaciones de protesta.

La Plataforma en Defensa del Puerto, que preside Manuel Pomar, denunció el pasado día 7 ante la Fiscalía de Medio Ambiente que cinco empresas cementeras -Cementos de Levante, Holcim, Tecnifield, Exportaciones Sabanci y Cemex España- han previsto instalar en el puerto más de una quincena de silos de cemento que, a su entender, vulneran la normativa en materia urbanística y medioambiental. Además, aseguran que "atentan contra la salud de los ciudadanos", porque los silos se situarían a 500 metros de las viviendas más cercanas.

Hasta el momento han sido cuatro las empresas que han solicitado a la Gerencia de Urbanismo el certificado de compatibilidad urbanística y la licencia de obra para la construcción de las plantas de almacenamiento, carga y distribución de cementos. Proyectos que han reducido las alturas inicialmente previstas, que superaban los 55 metros.

La denuncia de la Plataforma estaba dirigida "contra los promotores, constructores o técnicos directores de las instalaciones proyectadas, y contra aquellas autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, hayan informado favorablemente de su instalación", es decir, por la comisión de un delito sobre la ordenación del territorio. El texto recogía que estos cinco proyectos han sido aprobados por la Autoridad Portuaria que prevé construcciones "no autorizadas" en un bien de dominio público "por exceder de lo permitido -12 metros de altura-y no tener todos los informes y permisos legales necesarios".

Concretamente, se precisaba que los proyectos contemplan un total de diecisiete edificaciones de entre 30 y 55 metros de altura, lo que provocará un enorme impacto medioambiental y paisajístico, al tiempo que, en opinión de los denunciantes, los proyectos "incumplen la normativa vigente" por ser "un intento" para convertir el sector de ampliación del puerto "en una zona industrial".

Los denunciantes aducen que no se ha realizado un estudio de impacto ambiental ni tampoco otros informes necesarios del conjunto de los proyectos y de cada uno de ellos por separado para valorar los efectos en el medio ambiente de las emisiones de polvo acumuladas, ruidos y demás influencias ambientales derivadas de la actividad industrial que se pretende llevar a cabo en la zona de ampliación del Puerto.