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Los tribunales están considerados los termómetros de la sociedad y son los primeros estamentos en detectar la presencia de signos en la debilitación de la economía. A comienzos de año, el decano de los jueces valencianos ya dio la primera señal de alarma: el pasado año se triplicaron -con respecto a 2005- las ejecuciones de préstamos hipotecarios al no poder pagar los propietarios de viviendas el dinero entregado por los bancos.

La memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) demuestra que los juzgados siguen siendo el espejo de la crisis. "Seguramente prueba de la desaceleración económica", como reconoce el presidente de la institución, Juan Luis de la Rúa, los tribunales valencianos atestiguaron el pasado año el notable incremento de las reclamaciones entre particulares (principalmente económicos) y el aumento de las suspensiones de pagos de las empresas (denominado ahora concursos de acreedores).

Los litigios entre ciudadanos son el ejemplo de que las dificultades para afrontar los pagos van a más. Y el aumento en este sentido es "enormemente significativo", según De la Rúa. Hasta un 30 por ciento de incremento, según el balance anual. Ello hace que los juzgados de primera instancia (encargados de estos asuntos) se encuentren "totalmente sobrecargados" y sus jueces "trabajando al límite".

Los juzgados mercantiles son los encargados de dilucidar las suspensiones de pagos presentadas por las empresas. Y en el conjunto de la Comunitat, los concursos de acreedores se han disparado casi un 40 por ciento. La subida es generalizada en toda la región y especialmente llamativa en la provincia de Valencia, donde prácticamente se han doblado: frente a las 95 suspensiones de pagos iniciadas en 2006, el año pasado se alcanzaron las 158.

Pese al "elevado" atasco de asuntos que el propio TSJ reconoce, sobre todo en el ámbito civil, el informe resalta con cierto alivio que el número de casos pendiente "no se ha disparado totalmente" y permite que procesos como reclamaciones entre particulares o desahucios sean resueltos por los tribunales en un plazo "de entre siete y once meses".

Los juzgados de lo social son otro de los escenarios en los que puede notarse la incidencia de la crisis. Ocupados de dirimir conflictos laborales, despidos y enfrentamientos entre empresas y trabajadores, estos órganos judiciales también "operan al límite".

El Tribunal Superior habla de una especial incidencia de las demandas en materia social en Benidorm y Castellón. "Procede estar vigilantes para evitar posibles disfuncionalidades ante la trascendencia social de la materia", destaca la memoria de 2007.

En líneas generales, los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana recibieron el pasado año 1.144.349 asuntos, un aumento de litigios del 6,63 por ciento. El número de asuntos penales (nuevos delitos y faltas, así como recursos presentados contra las sentencias) también experimentó un ligero auge en 2007 "de entre el cinco y el seis por ciento", según el presidente del TSJCV. Los jueces de este orden "resuelven con rapidez", pero no pueden evitar que el número de asuntos resueltos sea menor que el que reciben. Por ello, cada juzgado de lo penal de la Comunitat tiene un atasco de 512 asuntos de media sin resolver.

Los partidos judiciales de Orihuela y Benidorm son los que presentan un mayor atasco de casos penales, con 3.032 y 1.133 asuntos pendientes de media en cada uno de sus cuatro juzgados.

Tras el juicio, es preciso ejecutar la sentencia para hacer cumplir el castigo penal impuesto por el juez. Y es aquí donde está el gran atasco de la justicia valenciana y española.

De la Rúa exige "soluciones" ante cifras como 5.301 sentencias pendientes de aplicarse, como media en cada uno de los tres juzgados exclusivos de ejecutorias de Valencia, o las 4.604 de Orihuela, las 2.066 de Benidorm o las 1.565 de Gandia, todas ellas cifras medias por órgano judicial. "Es un tema que nos preocupa desde hace tiempo", reconoce el presidente del TSJ, quien lamentó que ni el Ministerio de Justicia ni el Consejo General del Poder Judicial "hayan aceptado nuestra propuesta".

El Tribunal Superior pidió sin éxito que las ejecuciones de sentencias se reintegren de nuevo en los juzgados penales en el caso de la provincia de Valencia. Lo que sí se aprobó es la presencia de dos jueces y dos secretarios en cada uno de estos órganos judiciales, "y eso está empezando a tener efecto".

Uno de los datos sorprendentes de la memoria es el descenso registrado en la jurisdicción de menores. Tras varios años de aumento, los órganos encargados de enjuiciar los delitos de adolescentes han reflejado bajadas en el número de asuntos del 19,21 por ciento en Alicante, el 17,26 por ciento en Valencia y el 5,47 por ciento en Castellón.

Juan Luis de la Rúa aprovecha la presentación de la memoria para lanzar un mensaje a todos los partidos políticos: "Deben revitalizar el Pacto por la Justicia". El presidente del Tribunal Superior de la Comunitat pide un compromiso de la clase política para garantizar "un número adecuado de órganos judiciales para que los jueces puedan actuar de manera correcta y se respeten los derechos de todos los ciudadanos".