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Los juzgados de la provincia soportan cada año más de nueve mil litigios familiares, pero las plazas en los equipos técnicos adscritos a ellos, cuando los hay, no aumentan al ritmo que requiere ese volumen de trabajo.

Los divorcios experimentaron un importante repunte a partir del 2006 debido a la ley aprobada en julio del año anterior que acortaba los trámites y flexibilizaba mucho los requisitos a la hora de presentar las demandas.

La evolución histórica seguida por el Instituto Nacional Estadística (INE) revela que las rupturas matrimoniales se han sextuplicado en apenas nueve años en Alicante. En 1998 se registraron 1.398 y el pasado año rondaron los 6.800.

Sin embargo, la última memoria anual del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) constata que la cifra de litigios familiares registrados por los magistrados (también se contabilizan las separaciones) se estabilizó en el 2007 e incluso tendió ligeramente a la baja, en Alicante en torno a un 3 por ciento al reducirse el volumen de causas de 9.527 a 9.204.

Fuentes judiciales atribuyen este descenso a que se ha incrementado el número de divorcios y separaciones tramitados por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que tienen competencias también en esos procesos civiles cuando derivan de otros penales por malos tratos.

Por otra parte, esas fuentes aseguran que muchas parejas se precipitan al presentar las demandas de divorcio de mutuo acuerdo y luego se arrepienten e instan modificaciones de medidas en las custodias o régimen de visitas. Esas solicitudes han aumentado considerablemente en los últimos tiempos.

Los retrasos no son excesivos en opinión del TSJ: 413 asuntos pendientes de media en los órganos de Elche y Alicante, respectivamente, a finales del 2007. Pero los casos son cada vez más complejos y precisan la intervención de profesionales cualificados que emiten informes técnicos por los que se guían los jueces a la hora de dictar algunas de sus resoluciones.

Un vistazo a las estadísticas de esta especialidad del derecho civil muestra una realidad incontestable: las parejas se separan cada vez más temprano. Los niños afectados por esas rupturas son más pequeños. Las batallas legales por las custodias de los hijos, cada vez más encarnizadas.

No es difícil imaginar cuál es el resultado de todo eso: dictámenes psicológicos, análisis del entorno familiar y social de los menores y entrevistas personales con los padres que acaban formando causas voluminosas.

La mayoría de esos trámites los realizan los equipos psicosociales de los juzgados, pero sólo los dos exclusivos en jurisdicción de Familia de Alicante (Primera Instancia 8 y 10) cuentan con esa dotación. Y es insuficiente, advierten las fuentes consultadas, porque las dos psicólogas y el trabajador social que los integran también sirven a los dos juzgados especializados en violencia de género.

El resto de órganos que asumen estas competencias en la provincia deben recurrir a personal externo a la Administración de Justicia como el que trabaja en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) y en los servicios sociales municipales o a los informes de peritos propuestos por las partes.

Esa carencia y el hecho de que los titulares de estos juzgados también asuman contenciosos civiles ordinarios demoran los fallos.

Algunos profesionales abogan por que la jurisdicción de familia se desgaje de la de Primera Instancia y tenga carácter provincial, con órganos desplazados en zonas que lo requieran como Elche, Benidorm o Alcoi. De esa manera, todas las partes personadas en los procedimientos «tendrían los mismos recursos y medios especializados a su disposición».