Noticias Ya.com

El coordinador de la asociación DecideT, Manuel Antonio Velandia, interviene en el pleno. Cementerio y harineras eran, a priori, los dos puntos más interesantes del pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento de Alicante. Y así ha sido. Andrés Llorens, concejal de Servicios y Mantenimiento ha comparecido para dar explicaciones sobre la sentencia condenatoria que anula un acuerdo municipal, la adjudicación del contrato de mantenimiento del cementerio municipal.

Llorens comienza reconociendo que el Ayuntamiento "primero, acata la sentencia; segundo, la cumple y tercero, no la comparte". El responsable del área mantiene que la actuación municipal fue la correcta y aseguró que el informe pericial "fue erróneo". Llorens basa la defensa de la actuación municipal en la oferta de personal de la empresa rechazada, Prieto, ganadora del proceso y que deberá ser indemnizada por el Ayuntamiento. El contrato fue adjudicado a Enrique Ortiz por un periodo de dos años y otros dos de prórroga.

El concejal de Servicios y Mantenimiento advertía de que el trabajo de los enterramientos en tierra es muy duro y el personal ofrecido por Prieto era insuficiente. "De hecho -añade-, los últimos tres sustitutos dimitieron a la hora y media de trabajo, antes incluso -dice- de terminar de cavar su primera tumba". Además de exculpar al técnico municipal, Llorens señala que el informe pericial en el que la juez basó su decisión (contraria a los intereses municipales) era erróneo. Llorens fue aún más lejos y aseguró que el perito "abandona la imparcialidad y se erige en abogado defensor de Prieto". Además califica de tendencioso el criterio del perito.

Todas estas explicaciones no convencieron a los socialistas. Carmen Sánchez Brufal le recuerda que el perito es nombrado con la juez, precisamente, para evitar parcialidad y le anunció que su grupo está estudiando si existen indicios de prevaricación. "Pediré copia de la cinta de este pleno", adelanta al tiempo que solicitaba al equipo de Gobierno que depure las responsabilidades correspondientes, pida disculpas y adopte las medidas necesarias para evitar que un caso como este vuelva a ocurrir.

Después, Sonia Castedo, concejala de Urbanismo, responde a una pregunta del PSOE sobre el futuro traslado de las dos harineras de Benalúa Sur. Castedo aseguró que el Ayuntamiento obligará a las empresas a trasladar la actividad y garantizó a los trabajadores que no se iba a perder un solo empleo. La pregunta de los propios trabajadores presentes en el pleno de cuándo, fue acallada inmediatamente. Uno de ellos trata de mostrar un folio en el que podía leerse "Harineras ya, ¿cuándo la solución?, pero la policía se lo arrebató inmediatamente. Castedo dijo que tendrá que ser antes de que termine la actividad en su emplazamiento actual.