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"Falta de previsión en el diseño, una incorrecta ejecución de la construcción con problemas estructurales en todas las juntas de dilatación, encuentros mal ejecutados entre distintos edificios que producen encharcamientos, omisión de elementos de protección y el empleo de materiales de muy baja calidad". Estas son, según los técnicos encargados de elaborar el informe sobre el estado de las instalaciones del cementerio de Sant Josep de Castellón, las principales causas que han provocado las deficiencias estructurales que sufre el cuadro de San Cristóbal del citado camposanto, que apenas tiene una década de antigüedad.

De hecho, el 52 por ciento de las quejas que los usuarios presentaron durante el año pasado se refieren a deficiencias en la citada zona, mientras que las relativas a las sepulturas en tierra y el cuadro de San Vicente acapararon, respectivamente, el 15 y el 11 por ciento de las reclamaciones.

Precisamente el presupuesto que plantean los técnicos para subsanar las carencias en esta zona asciende a 597.548 euros, unos fondos que, según el informe, "no son responsabilidad de la Empresa Mixta Nuevo Cementerio de Castellón, ya que se trata de patologías de índole estructural y no de mantenimiento". Y es que, cuando el Consistorio adjudicó a la compañía el nuevo camposanto, lo hizo a cambio de que la sociedad se encargara también de mantener el de Sant Josep.

Al respecto, el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, recordó ayer que "nos hemos dado un plazo de un mes para analizar en profundidad los informes técnicos, valorar las distintas iniciativas, analizar a quién competen y buscar fórmulas de financiación", destacó Fabra.

A modo de solución, el documento sugiere al Ayuntamiento la posibilidad de, si fuera posible, "ejercer su derecho de garantía" sobre la empresa constructora que ejecutó dicha fase de ampliación.

Por lo que se refiere a las áreas más antiguas del camposanto, el estudio insta a suspender "de modo inmediato" las inhumaciones y enterramientos en los bloques de nichos ante el "riesgo de hundimiento, derrumbe y desprendimientos de tierra", así como la excavación en las sepulturas ante el "elevadísimo riesgo sanitario que supone no poder soterrar a más de entre un metro y 1,20 metros de profundidad por la aparición de balsas de agua.

Aunque el Consistorio y la empresa se han dado un mes de plazo para estudiar el plan de acción que se pondrá en marcha en esta zona, entre otras soluciones los técnicos han planteado "demoler algunos edificios" en los cuadros más antiguos "dada su antigüedad y su notorio grado de deterioro".

Ante esta situación, la empresa ha planteado como alternativa a los propietarios que dispongan de una concesión de los nichos y tumbas la posibilidad de, a petición de los familiares, trasladar "de manera gratuita" restos al nuevo camposanto de la capital de La Plana, donde "disfrutarán de una tarifa preferencial", aunque dichas cuotas todavía no han sido fijadas.

Por lo que se refiere al balance de gestión económica de la compañía relativo a los dos últimos años, el informe establece que las pérdidas antes de impuestos han pasado de 159.188,15 euros en 2006 a 1.613,42 en 2007.

De hecho, la propia empresa reconoce una "mejora considerable" en los resultados de explotación, así como una contención en gastos de personal que ha permitido reducir costes en un 30 por ciento, aproximadamente.

Sin embargo, también advierten de que "el fuerte incremento de los gastos financieros" por el abono de los intereses bancarios conllevará la "necesidad de incrementar los ingresos ante la inminencia de la amortización del capital de la deuda.

El hecho de que la compañía no reciba subvenciones y que tenga como única fuente de ingresos las cantidades que percibe por los enterramientos podría suponer un aumento de las cuotas en el nuevo camposanto de la capital de La Plana para afrontar los gastos de explotación.

Por otro lado, tanto la empresa como el Consistorio también estudian elaborar un informe jurídico para limitar los enterramientos en el viejo cementerio Sant Josep, reduciendo la permisividad a la hora de autorizar enterramientos. La medida implicaría que sólo se otorgaría permiso a parientes de hasta segundo grado de consanguinidad para utilizar el mismo espacio de enterramiento.