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Luis Fernando Cartagena es desde las nueve y media de la noche del miércoles un interno más del centro penitenciario Alicante II, en Villena. El ex alcalde de Orihuela y ex conseller de Obras Públicas ingresó en prisión para cumplir la condena de cuatro años de cárcel que le impuso la Audiencia de Alicante por los delitos de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. Así lo confirmaron ayer fuentes judiciales y sindicales. Con la entrada en la cárcel se pone fin a un angustioso proceso en el que Cartagena ha intentado eludir su ingreso en prisión.

El ex conseller se presentó a primera hora de la noche en la puerta del centro penitenciario que inauguró hace cinco años el hoy líder del PP Mariano Rajoy, en su etapa como ministro de Justicia. La orden de ingreso expiraba a finales de este mes, según informó Efe.

El ingreso en prisión del ex alcalde oriolano siguió el protocolo establecido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarios. Una vez identificado se le tomaron las huellas dactilares y pasó un reconocimiento médico, explicaron fuentes del sindicato de prisiones Acaip. A continuación quedó alojado en la denominada sección de ingreso acompañado por un preso de confianza del centro, lo que en términos carcelarios se denomina interno de apoyo.

Sin embargo, pocas horas después de su ingreso, a las cuatro de la madrugada, Cartagena se sintió indispuesto. Las mismas fuentes sindicales explicaron que sufrió un ataque de ansiedad por lo que fue trasladado a la enfermería del centro, donde quedó ingresado en la jornada de ayer.

Los mismos informantes reconocieron que en el momento del ingreso los funcionarios efectivamente comprobaron su identidad pero no se percataron de la persona que se presentaba había sido el alcalde de Orihuela que más votos ha conseguido en la historia democrática reciente y que fue el conseller de Obras Públicas del gobierno autonómico, que presidía entonces Eduardo Zaplana, que dimitió no por el caso por el que ahora ha sido condenado sino por su supuesta implicación en las primas únicas del Banco de Santander.

A los funcionarios también les llamó la atención que el interno fuera médico. Desconocían que hasta que accedió a la Alcaldía de Orihuela ejerció como urólogo en el Hospital General de Elche.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Alicante que lo condenó en 2002 consideró que Cartagena "hizo suyos con intención de propio beneficio" 49.000 euros procedentes del superávit de gestión del hospital municipal San Juan de Dios, gestionado por las Hermanas Carmelitas, cantidad que recibió en el año 1993 y que, de acuerdo con el fallo, no ingresó en las arcas municipales.

Cartagena solicitó el pasado mes de junio a la Sección Séptima de la Audiencia de Alicante que se le conmutara uno de los cuatro años de prisión por una multa, pero la Fiscalía se opuso por considerar que no se daba ninguno de los factores alegados.

La Sección Séptima remitió a la Fiscalía de Elche esta petición, en la que el ex alcalde argumentó que "había pasado mucho tiempo" desde que sucedieron los hechos y que cumplía los requisitos para sustituir parte de la pena por una multa. Un mes antes, el Gobierno central le denegó la petición de indulto que elevó en 2004 al Ejecutivo contra la condena firme, después de que el Tribunal Supremo ratificara una sentencia previa de la Audiencia alicantina por unos hechos ocurridos cuando era alcalde de Orihuela en el año 1993.

En esta última instancia judicial se consideró probado que Cartagena recibió un total de 49.000 euros procedentes del superávit del hospital municipal San Juan de Dios, gestionado por las Hermanas Carmelitas, y que en lugar de ingresar el dinero en las arcas municipales, "lo hizo suyo con intención de propio beneficio". El fallo estableció también que cinco años después - en 1998-, cuando Cartagena tuvo noticias de que se estaban realizando investigaciones judiciales, "para conseguir una coartada se puso de acuerdo" con un empresario, "amigo personal suyo desde hacía más de 30 años y contratista de numerosas obras de la Administración local y adjudicatario del servicio de limpieza".

En realidad se trataba de Ángel Fenoll, que años después fue ampliamente conocido por la opinión pública por el escándalo de las cintas magnetofónicas en las se propuso un supuesto soborno para la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, en la etapa de José Manuel Medina, el sucesor de Cartagena como alcalde. El objetivo de Cartagena, dijo el tribunal, era que este empresario facilitara tres recibos de supuestos de pago "con la pretendida finalidad de justificar el destino de estas sumas a obras sociales, tal como fue el deseo de las monjas".