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El cúmulo de errores de cálculo, retiradas de proyectos y fallos judiciales adversos que ha registrado en los últimos años el Ayuntamiento de Elche, gobernado por el socialista Alejandro Soler, puede dejar "temblando" la caja ilicitana. Según un informe al que ha tenido acceso ABC, Soler tendrá que desembolsar, a corto plazo, varios millones de euros por este motivo.

El capítulo más gravoso para el Consistorio es, según el citado informe, el de las expropiaciones. En este sentido, sólo en las relativas a los terrenos de la Universidad Miguel Hernández (UMH), el Ayuntamiento tendrá que abonar más de tres millones y medio de euros adicionales, tras el fallo a favor de los expropiados del TSJ.

Así, de los 3,6 millones pagados inicialmente se llegará hasta los 7,3, según la citada sentencia. No obstante, fuentes municipales confirmaron que el fallo será recurrido ante el Tribunal Supremo, extremo que podría incluso ser contraproducente si se registra un nuevo revés judicial para los intereses del Ayuntamiento.

En una situación similar se encuentran las expropiaciones de la Ronda Sur. Los propietarios afectados han rechazado el precio ofrecido por el Ayuntamiento, que pretende aplicar la nueva ley del suelo que entró en vigor en julio. Los dueños de los terrenos han recurrido el expediente ante la Unión Europea (UE).

Con todo, una de las situaciones más complicadas que se le presentan en el horizonte temporal inmediato al alcalde ilicitano es la ilegalidad del centro comercial de l"Aljub. La sentencia del Tribunal Supremo ratifica el fallo del TSJ, que ya declaraba ilegal todo el complejo. Así, el fallo obliga a restituir el estado original, es decir, a derribar el centro.

Al margen de los contratiempos para los propios usuarios -L"Aljub alberga la única sala de cines de estreno en toda la ciudad-, el quebranto económico para las arcas municipales puede batir todas las marcas: los propietarios afectados por el derribo del centro comercial han pedido seis millones de euros en concepto de indemnización, así como licencias de obra en contrapartida.

Aún no existe acuerdo al respecto, y el caso -vista la política desarrollada por el alcalde en la cuestión indemnizatoria- podría desembocar en un nuevo proceso judicial.

Otro colectivo que ha empezado a exigir indemnizaciones es el de los vecinos afectados por el vertedero de la sierra de Els Cremats. El Supremo ha ratificado también la ilegalidad de la instalación, y la sentencia ha puesto "en pie de guerra" a los vecinos de otra zona donde se construye ahora otro vertedero, el Ferriol. Según el citado informe, las viviendas se encuentran a sólo 200 metros del emplazamiento de la planta, lo que puede desembocar en una nueva causa judicial y, en última instancia, en nuevas indemnizaciones.

Junto al capítulo indemnizatorio, el Consistorio ha perdido cientos de miles de euros en actuaciones urbanizadoras descartadas, paralizadas o modificadas. Así, la retirada del Plan de Reforma (PRI) de Carrús ha supuesto en la práctica la pérdida de 145.000 euros que hubo que pagar al equipo redactor del proyecto desechado.

Otros 100.000 euros, los que costó el adoquinado del barrio de la Corredora, han resultado un gasto inútil, dado que en junio se asfaltó toda la zona. Los adoquines se habían colocado en 2003.

Por último, el informe detalla otra paralización urbanística que puede suponer nuevos gastos para el Ayuntamiento: los planes parciales de la Marina, aprobados en febrero sin atender las alegaciones. Acaban de volver al pleno.