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"Cada día que pasa sin que entren las excavadoras en Rabasa para ejecutar un plan monstruoso que supondrá construir una ciudad del tamaño de Elda dentro de Alicante es una victoria para nosotros". La reflexión es de Manuel Alcaraz, portavoz de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), que ayer estaba moderadamente satisfecho por la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo -organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y vivienda- de denegar la autorización al Plan Rabasa hasta que el Ayuntamiento garantice el suministro de agua potable a las 15.000 viviendas proyectadas y se amplíe el área de protección en el perímetro de las lagunas. En su opinión, este revés va a retrasar la tramitación al menos otro año, un tiempo de incalculable valor para Alcaraz porque cree que dará cierto margen a sus servicios jurídicos para intentar frenar el plan.

"El Ayuntamiento tendrá que revisar toda la documentación y elaborarla de nuevo, remitírsela a Viviendas Sociales del Mediterráneo -la promotora de la macrourbanización que dirige el constructor Enrique Ortiz- y negociar con la Confederación Hidrográfica del Júcar para ver cómo va a garantizar el agua a las viviendas", recuerda el portavoz de la PIC.

En cualquier caso, la resolución deja un sabor agridulce a la plataforma porque si bien supone el reconocimiento explícito del Consell de las deficiencias que la Plataforma viene denunciando desde hace tres años, lamenta que la Administración autonómica haya avalado, por omisión, que el plan Rabasa se haya tramitado al margen del Plan General de Ordenación Urbana.

"Es un despropósito que pasen por alto que el plan se intenta aprobar sin tener en cuenta el PGOU, cuando precisamente son ese tipo de actuaciones descontroladas las que nos hacen situarnos en el punto de mira de la Unión Europea, que si ha puesto en entredicho el desarrollo urbanístico de la Comunitat durante los últimos años es precisamente por planes urbanísticos como el de Rabasa", sostiene Alcaraz.

También lamenta que las más de 9.000 personas que se habían inscrito para optar a alguna de las viviendas protegidas previstas en la macrourbanización vean frustradas sus expectativas "porque las cosas se hacen mal" e instó al alcalde y al promotor "a dar la cara y explicarles a estas personas lo que pasa".

La diputada de Compromís en Les Corts Valencianes y miembro de Iniciativa del Poble Valencià (IdPV) Mireia Moll consideró la paralización del plan Rabasa como una muestra de "la política de parches" del PP en materia urbanística tanto en el gobierno autonómico como en el local de Alicante.

Moll recordó que el viernes pasado el Grupo Popular en Les Corts descartó paralizar este proyecto, "y ahora resulta que la Conselleria de Urbanismo ha devuelto este plan por falta de garantía de agua". A su juicio, "es una cosa muy grave: el PP lo hace muy mal y ante estas carencias hace oídos sordos".

Es más, si en la cámara autonómica el grupo popular se negó a paralizar el proyecto la semana pasada, hace menos de un año, justo 20 días antes de las elecciones locales y autonómicas del 27 de mayo de 2007, la Conselleria de Territorio y Vivienda -hoy de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda- no sólo otorgó la declaración de impacto ambiental favorable al plan Rabasa sino que lo calificaba de "ejemplo de urbanismo ambiental y sostenible" al entender que incluía medidas importantes para prevenir impactos negativos en el sector de las lagunas de Rabasa.

Nueve meses después el propio Consell se ha enmendado la plana a sí mismo, ya que considera insuficiente estas medidas y exige que el área protegida no urbanizable se extienda hasta cien metros más allá de las láminas de agua. Continuará.