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Cuando me despierto por las mañanas sólo le pido a Dios que me dé fuerzas porque me siento marginada, abandonada y no tengo ganas de vivir". Miriam Estela Moneta tiene 48 años y desde hace ocho vive recluida prácticamente en una habitación. Ha pasado por nueve intervenciones, y sufre una artrosis progresiva degenerativa, lo que le invalida para realizar las actividades básicas del día a día.

Acostada en su cama necesita ayuda para lavarse, vestirse, cocinar... "Estoy desesperada, me están cerrando todas las puertas", denuncia entre sollozos. Y es que ocho años entre unas mismas paredes le han llevado a una "depresión de caballo".

Miriam está calificada como "gran dependiente" por la propia Administración. Por la invalidez recibe una paga de 166,38 euros, y por la de viudedad unos 200 euros. Esta última cantidad es precisamente la que abona por el alquiler de la vivienda del Ivvsa en la que reside actualmente junto a su pareja.

Hace casi un año, exactamente el 8 de mayo de 2007, esta alicantina solicitó un piso a la Generalitat que estuviera adaptado a sus necesidades. Los propios médicos que le atienden -caso de la médica de cabecera y del neurocirujano- respaldaron esta petición con unos informes donde expresaban que Miriam tenía que residir en un piso con ascensor y con un cuarto de baño donde hubiera un plato de ducha en lugar de una bañera.

"Va a hacer un año y sigo esperando. Me están dando largas y las escaleras me obligan a estar recluida. ¿Has visto el aseo?, ¿crees que puedo entrar sola en esa bañera?", pregunta.

Para acceder a su primer piso, Miriam tiene que superar los 20 peldaños de una escalera estrecha, así como las obras que están realizando en la acera de su casa, situada en el barrio José Antonio de Alicante. Una tarea imposible.

"Sólo salgo una vez al mes, más o menos, porque vienen los de la ambulancia a llevarme al hospital, y no veas para bajar", explica. Allí le revisan la bomba de morfina: "La espalda la tengo fijada con chapas y tornillos y, además, llevo neuroestimuladores. Pero cada día esto va a peor y no quiero aceptarlo". Una pequeña ventana en su habitación es su único contacto con el exterior. Desde allí entra un poco de luz, pero también el molesto e incesante ruido de las obras.

Tres horas a la semana acude una mujer del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para la limpieza de la casa. Una voluntaria de una asociación se ha convertido en su paño de lágrimas y en su compañía cuando su pareja -que es su sombra y su cuidador principal-tiene que salir a hacer la compra, a cumplir con el papeleo para solicitar las ayudas, y a trabajar durante los fines de semana en un horario nocturno.

Una de estas ayudas que solicitaron fue la Ley de Dependencia, y el pasado 4 de febrero los Servicios Sociales calificaron a Miriam como "gran dependiente". El problema es que desde hace más de dos meses sigue esperando las ayudas.

"A esto no hay derecho", asegura la voluntaria, quien insiste en que "tendría que estar en un piso en condiciones". Ni ella ni la pareja de Miriam entienden por qué todas las administraciones -que "son todas la Generalitat", recuerdan- están acabando con sus esperanzas.

Desde la cama, Miriam pide tan sólo "un poco de humanidad". Y eso que, según insiste, "no quiero que me tengan lástima". Cada día se encuentra peor. Los dolores físicos y psíquicos no se los puede quitar pese a que su casa es una auténtica farmacia. Alguna vez, reconoce, que ha pensado en acabar con todo. "Es muy duro, pero no quiero convertirme en un objeto", dice mientras intenta animarse.