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El secretario segundo de Les Corts y ponente de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Antoni Such, culpó ayer directamente al Gobierno valenciano como el único responsable de la suspensión cautelar de la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciana.

Such compareció en rueda de prensa junto al portavoz parlamentario del PSPV, Ángel Luna, para explicar la postura de su grupo. El dirigente socialista recordó que durante el debate previo a la aprobación de la ley ya advirtió de que esta era inconstitucional. Such señaló que el Consell "conocía este detalle".

Durante su intervención, el miembro de la Mesa de Les Corts afirmó que en el informe elaborado por el Ejecutivo autonómico "ya señalaba que la ley iba en contra de la Constitución". Such acusó al Consell de intentar orquestar "un falso agravio" por parte del Gobierno de Zapatero.

En junio, se creó una comisión bilateral entre Gobierno y Consell para intenar llegar a un acuerdo y evitar el recurso ante el Constitucional. Such recordó que expertos del Ministerio de Administraciones Públicas llegaron a Valencia para negociar: "La respuesta del Consell fue echarlos a patadas".

Such apuntó además que el artículo que hace referencia expresa a la separación de bienes como nuevo régimen económico matrimonial "no está recurrido". La providencia del Tribunal Constitucional no especifica si la ley está suspendida total o parcialmente.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé, también señaló ayer al Consell como único responsable de la paralización de la entrada en vigor de la ley. Bernabé señaló que el Ejecutivo valenciano "ha cometido un error porque sabía que algunos artículos eran inconstitucionales". El representante del Ejecutivo de Zapatero en la Comunitat acusó al PP "de utilizar este conflicto como un nuevo instrumento de confrontación".