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Las denuncias por explotación sexual han experimentado un importante descenso en poco más de un año en la provincia. Curiosamente, esta realidad no responde a una menor actividad, o al menos a una caída drástica, de las organizaciones que se lucran con la prostitución, sino a la reciente incorporación de Rumanía a la Unión Europea (UE), según constatan las fuerzas de seguridad.

El negocio del sexo, controlado mayoritariamente por delincuentes de la Europa del Este, se nutre de mujeres rumanas en un porcentaje muy elevado en Alicante. Antes del 1 de enero del pasado año, las víctimas tenían a su alcance, como estímulo para sacar a la luz su situación, la probabilidad de obtener su regularización, a cambio de colaborar con los cuerpos policiales. Esta ventaja legal quedó desfasada en el inicio del 2007, cuando los nacionales de Rumanía se convirtieron en ciudadanos europeos de pleno derecho, con libertad de movimiento por todo el territorio de los Veintisiete.

Progresivamente, las peticiones de auxilio llegadas hasta el Cuerpo Nacional de Policía, que aglutina las competencias en materia de extranjería y cuenta con unidades específicas de lucha contra el tráfico de seres humanos, fueron disminuyendo. "Es difícil establecer un porcentaje aproximado, pero lo que está claro es que las denuncias que llegan son muchas menos que antes", explica un experto.

Las jóvenes que eran captadas mediante engaños, normalmente con una falsa promesa de trabajo, además de soportar vejaciones de todo tipo, eran desposeídas de su pasaporte. Los proxenetas las amenazaban con la expulsión de España, país al que habían entrado de manera ilegal para enviar dinero a sus familias en Rumanía, si no se plegaban a sus deseos.

Ahora nada de eso se puede dar, puesto que viajar desde Bucarest a Alicante es lo mismo que hacerlo desde Albacete o desde cualquier otra capital de la UE, como París y Roma. Basta con adquirir un simple billete de autobús, como solución más económica, y llevar encima la documentación personal. Las fronteras están abiertas para rumanos y rumanas. "La chica que voluntariamente decida venir a España para ejercer la prostitución ya no tiene por qué contactar con una red delictiva y someterse a su control", exponen las fuentes consultadas por este periódico.

Esta realidad es corroborada por la experiencia en los juzgados de la provincia. Uno de los abogados penalistas que más asuntos legales ha llevado en los últimos años relacionados con la explotación sexual, Francisco Galiana, aporta algunas claves más: "Para los rumanos, las imputaciones son ahora mucho menores, puesto que ya no tiene razón de ser el delito de tráfico de seres humanos, castigado con hasta diez años de cárcel. Las penas ahora, en el caso del colectivo rumano, son mucho menores".

"Los procesos judiciales que se ven hoy en día, vinculados con el proxenetismo y ciudadanos rumanos, son de años anteriores. En la actualidad apenas hay asuntos de estas características", agrega Galiana.

Las circunstancias descritas propician también, según apuntan fuentes jurídicas, que policialmente, y a efectos penales, ya no sea "tan interesante" actuar contra un grupo que incurre en delitos relativos a la prostitución. Otra cosa sucede cuando se detecta a una menor de edad ofreciendo servicios sexuales, lo cual genera una respuesta contundente e inmediata por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.