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El Ayuntamiento de Alicante no se encuentra entre los más de 300 de toda España que cobran a las empresas de telefonía móvil un 1,5 por ciento de sus ingresos por las antenas a través de una nueva tasa. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) realizó el año pasado una recomendación a los ayuntamientos en los que les invitaba a cobrar esta nueva tasa en concepto de "aprovechamiento especial de dominio público local para la telefonía móvil".

Esta tasa, además de unos ingresos extra al Ayuntamiento, supondría de alguna manera un freno a la proliferación de antenas de telefonía tal y como solicitan desde la Plataforma de Afectados por la Telefonía Móvil de Alicante (PATMA) y desde barrios como El Pla, Benalúa o El Rebolledo, en los que la concentración de repetidores es cada vez mayor. Además, según opina la edil socialista, Aurora Gómez, "con esta tasa se podrían pagar los equipos técnicos necesarios para realizar las inspecciones".

El alcalde, Luis Díaz Alperi, se comprometió en el pleno del pasado mes de abril a inspeccionar todas las antes de telefonía instaladas en el término de Alicante para comprobar si cumplen con la ordenanza municipal que regula este tipo de instalaciones y a desmantelar las que no cumplan con la legalidad como es el caso del repetidor del Pla de la plaza Doctor Gómez Ulla, con una sentencia que declara nula la licencia municipal. La presión vecinal durante el pleno logró arrancar este compromiso del primer edil.

Entre los municipios que ya han pasado al cobro esta tasa se encuentra Madrid, Barcelona o Sevilla así como Elche y Murcia. Sin embargo, las operadoras han recurrido los cobros al juzgado y de momento el proceso administrativo está paralizado.

La intención de los municipios en los que sí se ha impuesto esta tasa es el cobro en cuatro plazos coincidiendo con los cuatro trimestres del año en función del número de abonados y el ingreso que supone para las compañías. El problema radica en conocer cuáles son estos ingresos, un dato que deben facilitar las propias operadoras.

En la ciudad de Alicante existen del orden de 170 antenas controladas, aunque hay más del doble ilegales, según aseguran desde PATMA. Es el caso del barrio de Benalúa donde cada 50 metros hay una antena. Así, los vecinos denuncian la excesiva concentración de repetidores que supone la cercanía de estos a zonas denominadas sensibles en la normativa autonómica. Estas zonas son las que incluyen en su radio de acción guarderías, colegios, hospitales o plazas públicas. En estos casos las operadoras de telefonía móvil deben rebajar el nivel de emisiones al mínimo, según se contempla en la Ley autonómica que regula estas instalaciones.